jueves, 28 de marzo de 2024 23:15
Politica

Más de 300.000 catalanes reclaman la devolución del euro por receta

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Unos 311.000 catalanes han reclamado la devolución del euro por receta implantado por la Conselleria de Salud de la Generalitat durante siete meses y suspendido, posteriormente, por el Tribunal Constitucional (TC), ha explicado este miércoles en rueda de prensa el director del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut), Josep Maria Padrosa.

La Generalitat recaudó 45,7 millones de euros con el cobro de la tasa, y ahora deberá desembolsar seis millones --el 13,1% de lo cobrado-- para atender a las peticiones de devolución presentadas, ha informado el diario 'Ara'. De las 311.000 personas que han cumplimentado el trámite administrativo para pedir la devolución la Conselleria ha podido comprobar la validez de cerca de 160.000, de las que 14.000 corresponden a usuarios que deben satisfacer los aumentos del copago estatal instaurado en julio de 2012 y unas 9.000 presentan defectos de forma.

Hasta la fecha, solo se han hecho efectivos 5.000 retornos, lo que supone un montante de 100.000 euros, situándose las cantidades medias de devolución entre los 18 y los 22 euros. Padrosa ha estimado que, "si se mantiene este ritmo de devoluciones, la cifra final rondará los seis millones de euros", aunque ha destacado que las solicitudes de reclamación han caído desde finales de 2014. "En los primeros meses, concentramos el 70% de las solicitudes, con unas 200.000, y ahora se ha reducido el ritmo", ha destacado, y ha añadido que se han detectado 400 peticiones de personas que no habían pagado la tasa.

Ha destacado que los catalanes podrán seguir reclamando el euro por receta "hasta dentro de cuatro años", y que la devolución incluye los intereses de demora. Un total de 40.000 usuarios se negaron a desembolsar el precio de la tasa, cuya devolución se hace por transferencia bancaria a quienes lo reclamen mediante un formulario disponible en la Oficina Virtual de Trámites de la Generalitat.

La tasa estuvo en vigor entre el 23 de junio de 2012 y el 15 de enero de 2013, cuando Salud cifró en 198 millones el coste de suprimir esta tasa, dado que más allá de la recaudación directa preveía ahorros superiores a los 100 millones.

La tasa se diseñó con un tope máximo por persona para evitar penalizaciones a los enfermos crónicos, aunque los datos demuestran que el 5,5% de la población que más fármacos consume aportó hasta el 32% de lo recaudado, y ello a pesar de que hasta 125.000 personas fueron excluidas del pago del impuesto por considerarse vulnerables.

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