Detenido un policía nacional en la operación de la Guardia Civil contra una trama de tráfico de armas

Entre los siete detenidos por la Guardia Civil en el marco de la 'operación Taronja' que ha desarticulado una organización dedicada al tráfico ilícito de armas en el mercado negro hay un policía nacional que fue arrestado en la provincia de Alicante, han informado fuentes de la investigación.

Otras fuentes conocedoras del caso han precisado que esta detención se produjo la mañana del pasado martes y a lo largo del día los agentes de la Guardia Civil practicaron un registro en su casa y un pequeño taller de su propiedad. Posteriormente, el detenido quedó en libertad. Se trata de un joven policía de unos 30 años que presta sus servicios en labores de Policía Judicial.

Este grupo desarticulado, según ha informado la Guardia Civil, se dedicaba a comprar en países extranjeros armas inutilizadas y después de repararlas y ponerlas a punto las vendían de nuevo en el mercado negro, principalmente a través de Internet. Las fuentes consultadas han explicado que era precisamente en Alicante donde la red contaba con un taller en el que llevaban a cabo la manipulación de las armas. En esa localidad han sido arrestadas dos personas.

Se han llevado a cabo registros y detenciones en Alicante, Málaga, Murcia, Vizcaya, Navarra, Cantabria, Burgos, Barcelona, Sevilla, Cádiz, Córdoba y Las Palmas de Gran Canaria. A los arrestados se les imputan los delitos de tráfico de armas, depósito de armas de guerra, depósito de municiones, tenencia ilícita de armas o contrabando.

Las armas eran introducidas ilegalmente en España a través de paquetes postales, por lo que al no estar registradas en las bases de datos nacionales "podían ser desviadas al mercado ilegal con total impunidad".

Desde el Instituto Armado advierten de que "dada la condición original de armas de guerra de muchas de ellas, tanto por su calibre como por su capacidad para hacer fuego automático (ametrallador), la rehabilitación de este tipo de armas y su comercio ilegal suponen un riesgo máximo para la seguridad ciudadana, incluso por su posible desvío a organizaciones terroristas". Si bien las fuentes consultadas advierten de que ninguno de los arrestados tenían relación con grupos terroristas.