Los exconsejeros andaluces Viera y Ávila declaran como imputados en los ERE

El Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) comenzarán este martes la toma de declaración a los aforados imputados en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares con las comparecencias de los exconsejeros José Antonio Viera y Antonio Ávila, respectivamente.

Estas declaraciones, inicialmente, iban a coincidir en el tiempo con la comparecencia de 13 exaltos cargos de la Junta ante la juez Mercedes Alaya, quien ha aplazado estas citaciones al día 28 de abril a petición de la acusación particular que ejerce el PP-A, que había solicitado la suspensión de las comparecencias al coincidir las mismas con la declaración en el Tribunal Supremo de Viera, causa en la que también está personado este partido.

De este modo, el instructor de la causa de los ERE en el Tribunal Supremo, Alberto Jorge Barreiro, ha citado este martes a Viera, mientras que el jueves le tocará el turno al expresidente de la Junta José Antonio Griñán; el día 14 de abril al también expresidente Manuel Chaves; el día 16 al exconsejero Gaspar Zarrías y, por último, el 21 de abril, a la senadora y exconsejera autonómica Mar Moreno.

A todos ellos se les ha citado a las 10,00 horas del día correspondiente para prestar declaración en calidad de "imputados en la presente causa en relación con los actos realizados en el desempeño de sus funciones con motivo de la concesión de ayudas sociolaborales y ayudas económicas directas a diferentes empresas de esa Autonomía, así como las prestadas a personas físicas".

En el caso de Viera, estas funciones son las que realizó como consejero de Empleo, mientras que en los de Zarrías y Moreno se les requiere por su responsabilidad como consejeros de Presidencia. A Chaves se le cita en relación a los actos cometidos como presidente de la Junta Andaluza y a Griñán como presidente de la Junta y también como consejero de Economía.

VIERA Y LA SIERRA NORTE DE SEVILLA

A lo largo de sus comparecencias, los cinco exmandatarios de la Junta de Andalucía deberán responder a las preguntas que les realicen tanto el instructor de la causa como los fiscales del Supremo Fernando Prieto y Rafael Escobar y el abogado de las acusaciones populares en representación de Manos Limpias -a quien ha correspondido coordinar la acción letrada- y el PP andaluz.

Viera deberá responder, principalmente, a las preguntas sobre la concentración de ayudas a empresas de la comarca de la Sierra Norte de Sevilla, todo ello después de que, en uno de sus últimos atestados, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señalara que el exconsejero "pudo haber facilitado la concentración" de ayudas en esta comarca "por decisiones de diferente índole" y "con objeto de allegar fondos a determinados beneficiarios con los que mantenía relaciones, especialmente afinidades políticas".

Los agentes aseveran que Viera, "en cooperación con el resto de miembros del Consejo Rector del IFA, pudo favorecer de manera desmesurada a personas de su entorno vinculadas a la comarca de la Sierra Norte de Sevilla", señalando que, como consecuencia de las decisiones adoptadas, los beneficiarios asociados a esta comarca "obtuvieron ayudas por importe total de 56.401.307,43 euros".

Así, la UCO asevera que "pudo tener una participación esencial" en estas ayudas, añadiendo que, "no es que los responsables de la Consejería, entre los que se encontraba Viera, y su equipo no conocieran cómo tenían que actuar, sino que a juicio policial deliberadamente habrían omitido todo el procedimiento legalmente aplicable y todos los controles de la Intervención para disponer de los fondos públicos de manera discrecional a favor de los terceros por ellos determinados".

"DISPENDIO DE FONDOS PÚBLICOS" EN LA ETAPA DE VIERA

Los agentes aseveran que "llama poderosamente la atención el desequilibrio y el dispendio de fondos públicos a favor de esta comarca de Sevilla durante el periodo en que Viera fue máximo responsable de la Consejería", pues "durante su etapa se suscribieron convenios de colaboración a favor de todas las entidades vinculadas con la misma por importe total de 29.987.287,47 euros, lo que habría supuesto el 64,1 por ciento del total de convenios suscritos y catalogados como ayudas a empresa que se concedieron en Andalucía por parte de la Consejería de Empleo y a cargo de la partida 31.L".

Así, consideran que Viera "pudo haber propiciado importantes ayudas para esta zona geográfica, a la que estaba vinculado, con objeto de allegar fondos a determinados beneficiarios con los que mantenía relaciones, especialmente afinidades políticas", y aseveran que, por ello, "habría podido incumplir la protección de los recursos públicos a su cargo y los principios de objetividad, eficacia, satisfacción de los intereses generales y que estas ayudas, por supuesto, se hubiesen empleado de manera sustancial en la creación y mantenimiento del empleo".

Los agentes precisan que, "bajo su responsabilidad, y durante el tiempo que estuvo al frente de la Consejería, se emitieron resoluciones de ayudas a favor de los beneficiarios vinculados en el atestado por importe total de 7.142.294,82 euros", a lo que se suma que, "siendo máximo responsable del IFA, se suscribieron convenios de colaboración a favor de estos beneficiarios por importe total de 15.1 millones", mientras que durante su etapa como consejero y presidente del IFA "se desembolsaron desde esta agencia fondos públicos pos 5,8 millones".

ANTONIO ÁVILA, EN EL TSJA

De su lado, el TSJA ha citado a declarar como imputado este martes al exconsejero Antonio Ávila, que iniciará una ronda de comparecencias que continuará el miércoles con la exconsejera Carmen Martínez Aguayo y el día 14 de abril con el exconsejero Francisco Vallejo, todos los cuales solicitaron declarar de manera voluntaria.

El magistrado instructor, Miguel Pasquau Liaño, ha citado a los tres aforados -todos los imputados a excepción de Manuel Recio- "sin perjuicio de que ulteriormente se les pueda volver a recibir declaración cuantas veces sea necesario por el órgano judicial que resulte definitivamente competente", todo ello en relación al hecho de que, una vez se constituya el nuevo Parlamento andaluz este mes, dejarán de pertenecer a la Diputación Permanente y, por tanto, abandonarán su condición de aforados, por lo que podrían ya comparecer ante Alaya.

El TSJA argumenta que, "sin perjuicio de lo que depare un análisis exhaustivo de las actuaciones cuyo testimonio se ha remitido y, en su caso, nuevas diligencias a practicar en esta sede, en vista por ahora de lo desarrollado por la magistrada en sus exposiciones razonadas -tanto la elevada al Tribunal Supremo como la elevada a esta Sala-, no puede sostenerse que resulte manifiestamente infundada la atribución de posible responsabilidad penal, en concreto, por delitos de prevaricación y malversación, a los cuatro aforados".

Todo ello "habida cuenta de que en el ámbito de sus funciones como cargos públicos de la Administración de la Junta de Andalucía participaron en un nivel u otro en la toma de decisiones sobre la creación, financiación, mantenimiento y aplicación de un sistema de concesión de subvenciones sociolaborales, ayudas a empresas, y excesivas comisiones a intermediarios que, por carecer de los controles típicos de los procedimientos de subvención pública, indiciariamente han supuesto un indebido beneficio económico para algunos particulares y empresas", sostiene el TSJA.