Societat Civil Catalana asegura que el llamado "full de ruta unitari" del proceso soberanista es "ilegal y antidemocrático" 

Societat Civil Catalana se ha manifestado tras el llamado "Full de ruta unitari del procés sobiranista català", adoptado el pasado 30 de marzo por representantes de CDC?Reagrupament Independentista, ERC, ANC, AMI y Òmnium Cultural en el que asegura su grave preocupación porque el contenido no es "ni legal ni democrático".

Según nota de prensa, Societat Civil Catalana asegura "su grave preocupación ante el contenido porque el itinerario no es ni legal ni democrático, y supone un riesgo para la convivencia":

"2.-No es legal, ni lo pretende, porque de modo deliberado se proponen una serie de pasos que desconocen e infringen de modo frontal la Constitución Española, el Estatuto de Autonomía de Cataluña, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional e incluso los dictámenes del Consejo de Garantías Estatutarias de la Generalitat de Cataluña.

3. No es democrático, porque no existe la democracia fuera del Estado de Derecho. La utilización de la convocatoria de las elecciones a un Parlamento autonómico para un fin completamente ajeno a las competencias de dicho Parlamento y a las que corresponden a la Comunidad Autónoma supone un fraude a la democracia, desnaturaliza las instituciones que nos representan y genera confusión. Las elecciones plebiscitarias que pretenden ser inicio del proceso que diseña la hoja de ruta no son compatibles con nuestro sistema representativo, situándose fuera del constitucionalismo contemporáneo y de las prácticas que se aceptan como democráticas en los países de nuestro entorno.

4. Supone un riesgo para la convivencia porque desconoce y atropella en bloque la legalidad mediante la creación de instituciones alternativas que no la reconocen. Se crea de hecho una situación de rebeldía de consecuencias graves e imprevistas. Basta ver al respecto que el "Full de ruta unitari del procés sobiranista català" afirma de modo explícito la voluntad de desconocer cualquier actuación judicial que se oponga a su avance.

5. No es admisible en el Estado de Derecho que se haga explícita manifestación de la voluntad de quebrantar el marco común de convivencia. Mucho menos lo es para las administraciones y autoridades públicas, que han de ajustar su actuación a la ley y a la Constitución. La participación de cualquier administración en plan diseñado por la "hoja de ruta" implicaría una desafío al Estado de Derecho que, dada la naturaleza del objetivo que se pretende ?la secesión de una parte del territorio español- en ningún caso sería irrelevante desde una perspectiva jurídica interna o internacional.

6. El plan que diseña la "hoja de ruta" no solamente supone la quiebra del marco de convivencia del que la sociedad catalana y española se ha dotado; sino que, además, carece de base o justificación. Tal como demuestran encuestas, resultados electorales y, muy recientemente, la consulta del 9 de noviembre, no existe una mayoría social en Cataluña que justifique el planteamiento radical y subversivo que recoge el preacuerdo entre CDC-Reagrupament Independentista, ERC, ANC, AMI y Òmnium Cultural. Se trata de un nuevo paso hacia el abismo de ciertos sectores nacionalistas que pretenden mantener una tensión suicida que tan solo beneficia -en su caso- a sus propios intereses, cada vez más alejados de los problemas y preocupaciones del conjunto de los catalanes.

La preocupación de Societat Civil Catalana se hace mayor si cabe ante el apoyo al "Full de ruta unitari del procés sobiranista català" por parte del presidente de la Generalitat de Cataluña, a quien, en su condición de tal y como máximo representante del Estado en Cataluña, corresponde velar por la defensa de la Constitución y de las leyes. Esta función institucional es absolutamente incompatible con la participación en un plan que pretende la secesión unilateral del territorio catalán y la quiebra del Estado de Derecho, lo que implicaría la ruptura de las normas de convivencia y fracturaría inevitablemente a la sociedad catalana. Desde luego, la responsabilidad de esta situación es de quienes con sus acuerdos y actos preparan, fomentan o incitan esta secesión unilateral que conduciría a la quiebra del autogobierno catalán, la ruptura del Estado español y de la Unión Europea.