Más capítulos del serial BPA

Los acontecimientos en torno a la Banca Privada de Andorra se parecen cada vez más a los avances por capítulos de los seriales televisivos, con golpes de efecto distribuidos cuidadosamente para mantener el interés. El muerto definitivo es ya la filial española. El juzgado de instrucción número uno de la capital del reino vecino ha dictaminado su liquidación.

Los acontecimientos en torno a la Banca Privada de Andorra se parecen cada vez más a los avances por capítulos de los seriales televisivos, con golpes de efecto distribuidos cuidadosamente para mantener el interés. El muerto definitivo es ya la filial española. El juzgado de instrucción número uno de la capital del reino vecino ha dictaminado su liquidación después de que el ministerio de Economía, como ya explicamos, negara el rescate que aconsejaba el Banco de España y los administradores instaran el concurso de acreedores, que es como llaman a la antigua suspensión de pagos.

La razón central es que, una vez intervenido, se dieron órdenes de retirada de fondos por un total de 326 millones de euros, de los que se llegaron a hacer efectivos un centenar. De continuar la tendencia, se habría agotado la liquidez. Pero los medios han añadido otras informaciones más que destacadas: que antes de la intervención alguien o algunos habían recuperado ya 40 millones, hechos bajo investigación. Y sobre todo que el grueso de las cantidades sospechosas de procedencia criminal se ingresaron hasta cuatro años antes de la compra de la entidad por el banco andorrano.

En la montaña, pasada la delegación del FinCen de los Estados Unidos, que con el informe desencadenó el estruendo, llegaron, miraron, hablaron con las principales autoridades e instituciones del país y marcharon sin que haya trascendido ningún resultado de la visita. No parece buena señal.

En paralelo todo son iniciativas para intentar salvar a la desesperada lo que sea salvable, en una carrera de fondo que debe completarse a ritmo de la «liebre», y sin agotarse.

Lo más inmediato ha sido la apertura de una línea de crédito del resto de entidades reunidas en la Asociación (ABA), inicialmente de 30 millones y ampliable a 100 para que las empresas que operaban en la BPA y no pueden hacerlo puedan atender sus obligaciones derivadas de las actividades respectivas, empezando por el pago de las nóminas. Representantes del personal afectado -y angustiado- se han quejado de que varias empresas cogidas por la intervención abran cuentas y hagan las domiciliaciones en oficinas de la competencia. Algo que parece tan legal en un sistema de economía de mercado como inevitable.

Dos terceras partes de los mismos trabajadores -que se acercan a un total de tres cientos- en un encuentro, se mostraron partidarios firmes de asumir la gestión de la entidad formando una cooperativa o mutualidad. Eso sí, de la parte que reste una vez separados los fondos sospechosos de origen criminal.

El gobierno, aún en funciones, ha preparado una ley específica para este caso, esperando que no tenga que aplicarla en otros futuros, «del establecimiento de mecanismos de reestructuración y resolución de entidades bancarias», que prevé la creación de una Agencia (Arreb) con este objetivo, con siete miembros nombrados por el mismo ejecutivo, el instituto controlador del sistema (INAF) y bajo el control del Consejo General (Parlamento) para intentar la reestructuración y evitar la resolución, que es un eufemismo para la liquidación.

El Arreb deberá analizar a fondo las posibilidades y presentar con el INAF un plan de viabilidad en un plazo de 15 días.

También se prevé la creación de un fondo (Farreb) de garantía para los caudales de los clientes, hasta un máximo aún por determinar (recordemos que en España es de 100.000 euros), capitalizado por los cuatro bancos restantes y, eventualmente, con el complemento de una emisión de bonos públicos.

El protagonista de la serie, el ministro de Finanzas Jordi Cinca, con el apoyo de los bancos, han previsto una actuación en cuatro fases una vez aprobada la ley. Primero, la creación de la línea de crédito y después de una segunda del Arreb.

Las siguientes prevén la creación con vocación temporal de un banco público que, descartados los «fondos tóxicos» (los sospechosos de criminalidad) vea como queda el resto y la capacidad para asumir o no las pérdidas y la previsible multa del tesoro norteamericano.

Vista la realidad, se abren una serie de soluciones alternativas, según las conclusiones. Una, la venta, por partes o total, a otras entidades, preferentemente extranjeras, con la condición de que asuman las compensaciones que se fijen y conserven la mayor parte del personal.

Otra, que los clientes restantes al «bando bueno» traspasen los fondos a otro u otros del país. Y, en el peor de los casos, la resolución «ordenada».

Todas y cada una de las salidas, y además las más favorables afrontan dificultades casi insalvables. Además de la falta de "músculo financiero» del resto de bancos andorranos para adquirir el intervenido y amenazado, quedan pendientes los recursos judiciales de los propietarios contra la intervención y en demanda de compensación de daños y perjuicios. Los abogados escogidos no son personajes muy secundarios: Marc Forné y Jaume Bartumeu, ambos ex jefes de Gobierno.

Y el plan del ejecutivo y el colectivo bancario tiene como primer requisito la aprobación de la ley. El legislativo se constituyó justo antes de ayer. Y se prevé continuar deprisa, forzando la letra de la Constitución, para que se pueda reunir y aprobar la próxima semana, al margen de que se haya producido la nueva investidura de Toni Martín y éste haya formado su nuevo gabinete. Lo que decíamos, un ultrafondo a recorrer y a completar al paso de la liebre que la lanza.

En el ámbito internacional no todo son noticias adversas. Bruselas dio una mano indirecta con el disparo de salida hacia el acuerdo de asociación. Es cierto que Price Waterhouse Coopers rebajó la calificación de solvencia de la BPA, pero el homólogo Fitch ha mantenido la de los otros tres bancos del todo nacionales, Crèdit Andorrà, Andbank y Morabank en A-1 a largo plazo y F-2 en corto. Esto y la sustitución del caso en los principales espacios de los medios, son los primeros indicios de que el temporal puede empezar a amainar, aunque todavía no se reduce, ni siquiera, a la todavía temible escala de tormenta tropical.