viernes, 20 de septiembre de 2019 16:47
Opinión

CRISIS DE GOBIERNO ANDORRANO PARA LA BPA

Robert Pastor
Robert Pastor




BPA 4


El caso de la Banca Privada de Andorra es inacabable. La "penúltima" consecuencia ha sido la dimisión, aplazada sobre lo que era privisible, del ministro de Administración Pública, Transportes y Telecomunicaciones, Jordi Alcobé, uno de los «hombres fuertes» del gabinete que preside Antoni Martí.


Alcobé hacía semanas que había puesto su cargo a disposición del Jefe de Gobierno, pero éste no accptar la renuncia en principio e incluso llegó a declarar que, si esto era lo que se quería, cesaría también, o avanzaría elecciones generales.


El ya exministro, finalmente optó por la «dimisión irrevocable». Era muy difícil mantener la cartera, una vez se descubrió y publicó que el político había estado trabajando y cobrando de la BPA durante al menos un año de su mandato. Es más, era socio minmoritari de la entidad financiera y se vendió las acciones por 150.000 euros pocos días de que se conociera la nota y la sanción del finca, el órgano del tesoro de Estados Unidos, que desencadenó el proceso de intervención del banco.


Bien diferente es el caso de otro ministro, el de Interior, Xavier Espot, acusado también por un diario virtual español de beneficios irregulares procedentes de la BP, y que ya anunció la presentación de una querella por difamación.


Antes, la primera caída política en relación con el asunto había sido Meritxell Mateu, consejera general (diputada) del grupo Demócratas de Andorra (DA), que apoya al ejecutivo con mayoría absoluta, por haber hecho de asesora de la entidad de los Cierco, sin declarar supuestamente las cantidades que habrían sido debidas a la Caja de la seguridad social (CASS), cuando aún no se aplicaba en el país el impuesto sobre la renta. En este caso, la dimisión fue más rápida, lo que no la ha entregado de la apertura de una investigación por parte de los tribunales.


Con este trasfondo, el grupo parlamentario del principal partido de la oposición, los conservadores Liberales de Andorra, había anunciado la presentación de una moción de censura al Gobierno, pero cuatro de los consejeros con más peso en la formación se negaron a ejercer una figura constitucional destinada al fracaso por la mayoría absoluta de DA, salvo rotura interior de la disciplina de voto.


En cualquier caso, con moción o sin, la continuidad del actual gabinete Martí resto amenazada. Su cabeza ya ha manifestado que no se volverá a presentar. Si la legislatura llega a su fin, no lo podría hacer al cumplir el plazo máximo de dos mandatos sucesivos. Y si se adelantan los comicios, no parece tener el ánimo para volver a intentarlo.


Hemos dicho que el caso BPA parece inacabable. A las consecuencias políticas mencionadas hay que añadir los múltiples conflictos sin resolver. Christopher Lieber, el representante del fondo que adquirió Vallbanc, la entidad que se quedó con las cuentas «limpios» de la banca intervenida, reconocía que, a pesar de haber recogido clientes nuevos, y estar funcionando con relativa normalidad, aunque no puede operar en los mercados de valores, ni en dólares, pendientes de Crédito Suïsse, que a la vez tiene que recibir el permiso de los hermanos Cierco para poder dar la autorización.


Y en el ámbito judicial, los litigios se acumulan. La jueza Canòlic Mingorance ya cerró la instrucción, con el exdirector general y consejero delegado, Joan Pau Miquel, como máximo inculpado, y que permanece en prisión desde hace unos veinte meses. La fiscaia había informado no hace gire aún dispondría de unos 28 millones de euros sin bloquear.


Los Pujol no sólo la mantienen, sino que han ampliado la demada por revelación de secreto bancario, a Higini Cierco porque, en su defensa, acompañó Miguel en Madrid estuvo presente en la entrevista con el comisario de la policía española al que entregar los datos de las cuentas de la familia del ex presidente de la Generalitat.


También hay otros, de clientes que se consideran perjudicados, entre otras, la principal de las cuales los hermanos accionistas mayoritarios que piden más de trescientos millones de euros como compensación de los daños.


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