La Síndica pide garantizar una vivienda digna y estable a todos los niños de Barcelona

El interés superior de los niños tendría que presidir siempre la actuación de la Administración, y más cuando se trata de situaciones de vulnerabilidad y pobreza que pueden afectar a los derechos fundamentales de los menores. En este sentido, la síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha incluido una batería de recomendaciones en su informe anual destinadas a intentar paliar la grave situación que sufren muchos menores y sus familias en Barcelona. En torno a un centenar de quejas del 2014 están relacionadas con la infancia, principalmente en ámbitos como la vivienda, los servicios sociales y la educación.

La síndica es de la opinión que en la ciudad no puede haber ningún niño sin hogar y considera que el Ayuntamiento tendría que garantizar, a través de sus propios recursos, una vivienda digna y estable de toda familia residente en Barcelona con menores de edad que sea desahuciada o que tenga una necesidad acreditada de vivienda. Con todo, Vilà cree que cuando haya menores en una familia que puede perder la casa se priorice la actuación preventiva y coordinada entre Servicios Sociales y Vivienda para evitar la pérdida del piso.

Vilà reconoce y agradece el importante incremento presupuestario hecho por el Gobierno municipal durante el actual mandato en becas comedor y valora muy positivamente la ayuda de 100 euros mensuales que recibirán los niños de familias en situación de vulnerabilidad durante el año 2015. Pero la síndica cree que hace falta ir más allá y potenciar el crecimiento de las políticas de infancia y familia necesarias para cubrir los mínimos suficientes y evitar el aumento de las desigualdades y garantizar la igualdad de oportunidades. Actualmente, para obtener una beca comedor, los requisitos económicos de adjudicación se basan en la renta del año anterior. Pero Vilà cree que, en algunos casos, este criterio puede haber quedado obsoleto --porque el padre, la madre o los dos han perdido el trabajo, no cobran nada o sólo perciben una pequeña prestación social?, y las familias necesitan imperiosamente la ayuda para pagar el comedor escolar.

Acceso a la alimentación infantil

En una reciente actuación de oficio sobre el acceso a la alimentación infantil, Vilà ha propuesto considerar el gasto en alimentación infantil una prioridad por ser un factor preventivo básico para mantener la igualdad de oportunidades de los niños y jóvenes escolarizados. Y ha planteado al consistorio que cuantifique los costes reales del gasto en ayudas económicas para pagar el comedor escolar para dimensionar adecuadamente las necesidades familiares en este ámbito.

Sin abandonar el ámbito de la infancia, la síndica también ha propuesto que se pueda prever normativamente que los hijos de familias deudoras con el Instituto Municipal de Hacienda no pierdan una ayuda económica para la atención social, la educación, el deporte o el ocio si los padres o tutores no han pagado la deuda que tienen con la Administración. Vilà entiende que tiene que prevalecer el derecho superior del niño y, en ningún caso, el menor puede perder el derecho a recibir una determinada atención. El Ayuntamiento tiene que dirigir sus acciones de resarcimiento o cobro por la vía de apremio contra el auténtico deudor.

Vilà ha planteado también a la Administración municipal lo siguiente: completar el despliegue de jardines de infancia en la ciudad, con centros en todos los barrios; establecer el acceso gratuito a todos los servicios y equipamientos educadores municipales de la ciudad (especialmente en el Park Güell, el Castillo de Montjuïc, el Zoo y los museos municipales); que los menores responsables de una infracción administrativa hagan trabajos en beneficio de la comunidad en lugar de que se les imponga una sanción que tiene que acabar pagando la familia, y ofrecer, a través de la Sindicatura de Greuges de Barcelona, un servicio de soporte personal, jurídico y educativo a los adolescentes que tengan que plantear quejas, reclamaciones o alegaciones por intereses particulares o colectivos.

3.185 actuaciones a lo largo de 2014

La síndica ha realizado a lo largo de 2014 un total de 3.185 actuaciones (un 23,9 % más que en 2013). Del total, 1.504 han sido asesoramientos generales y 1.681 (un 4 % menos) han sido quejas que han necesitado de una intervención técnica y/o jurídica. Las reclamaciones han sido suscritas por 6.659 usuarios (un 78 % más que en 2013).

Según el distrito de residencia, la ciudadanía que más se ha dirigido a la defensora ha sido, en este orden, del Distrito de Ciutat Vella, Eixample, Sants-Montjuïc, Sant Martí, Sant Andreu, Nou Barris, Gràcia, Horta-Guinardó, Sarrià-Sant Gervasi y las Corts. También se reciben reclamaciones de vecinos de otras ciudades, principalmente del área metropolitana, que han tenido problemas con el Ayuntamiento, sobre todo de tráfico.

Las 1.681 quejas son las que se clasifican por materias y, en numerosos casos, acaban con una decisión firmada por la defensora con diferentes recomendaciones al Ayuntamiento. Por materias, las reclamaciones se distribuyen de la manera siguiente: urbanismo y ciudad (295), transporte público y circulación (242), políticas sociales (vivienda y servicios sociales, 235), función pública (174), libertad cívica y seguridad ciudadana (141), actividad económica y hacienda municipal (124), medio ambiente (113), educación y deporte (72), uso y mantenimiento del espacio público (69), atención al público y participación ciudadana (50), procedimientos administrativos (44), accesibilidad y movilidad personal (26), salud(13), ciudadanía, vecindad e inmigración (9). De quejas que no son competencia de la síndica, se han recibido 74.

Las políticas sociales (vivienda y servicios sociales) han sido, con 235 reclamaciones, otro año, uno de los principales motivos de queja. Con respecto a la vivienda (150), las quejas ponen de manifiesto el hecho de que muchas familias se ven privadas, por diferentes motivos, de su vivienda habitual y de las dificultades para acceder a un piso de alquiler social. Al mismo tiempo, las reclamaciones denuncian la escasez de viviendas de alquiler social y la insuficiencia de nuevas promociones de viviendas dotacionales y los problemas para conseguir una vivienda de emergencia social.

Entre las recomendaciones en materia de vivienda, la síndica propone alimentar suficientemente el fondo de viviendas de alquiler social para que se puedan atender todas las situaciones de necesidad e impulsar un parque de alojamientos sociales suficiente, propio de la Administración o con convenio con entidades sociales, que dé respuesta a las demandas de vivienda protegida cuando la situación no es de emergencia y evitar, de esta manera, un futuro riesgo de exclusión social de las personas y familias necesitadas.