Justicia andorrana y aliado insólito

Los "casos Pujol", a raíz de las demandas de información de diversas instancias españolas, siguen su curso ante la justicia andorrana con escasas novedades. En cuanto al hijo mayor del ex presidente y la ex mujer, Mercè Gironès, la fiscalía informó la "batlle" (juez) a favor del envío de los movimientos de cuentas en la Banca Privada (BPA).

Los "casos Pujol", a raíz de las demandas de información de diversas instancias españolas, siguen su curso ante la justicia andorrana con escasas novedades. En cuanto al hijo mayor del ex presidente y la ex mujer, Mercè Gironès, la fiscalía informó la "batlle" (juez) a favor del envío de los movimientos de cuentas en la Banca Privada (BPA).

No ocurre lo mismo respecto a la petición del magistrado de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, respecto del padre, Jordi Pujol Soley y los hijos. En este caso, el magistrado español no ha imputado todavía ninguno de los miembros de la familia por algún delito relacionado con la corrupción política, tales como soborno o tráfico de influencias y se vuelve a repetir que la evasión de capitales no es delito en el principado pirenaico, por lo que los datos que puedan enviar las diversas juezas no pueden ser utilizadas como prueba de delito fiscal.

Aunque la instrucción española sigue abierta, provisionalmente queda supeditado el envío de cualquier dato en un «complemento de información», figura que se emplea también, y habitualmente, en las peticiones de extradición de reos cuando el país donde se encuentra la persona implicada no ve claros los indicios de delito atribuidos.

Por el contrario, el Tribunal Superior (máxima instancia ordinaria en Andorra) ha revocado una sentencia de la alcaldía (primera instancia) que denegaba la entrega a Francia de los datos sobre el supuesto fraude fiscal de una empresa del Estado vecino para que la sociedad «no tenía radicación oficial» en territorio francés y no había sido previamente «objeto de inspección ni investigación» por las autoridades del país demandante.

El Superior encuentra que la petición se ajusta a la ley, y se debe cumplimentar. Hay que recordar que ya se aprobó, suscribir, y es vigente el tratado bilateral franco-andorrano contra la doble imposición fiscal (CDI), que no recoge el compromiso de un intercambio «automático» de este tipo de informaciones, pero sí los mismos efectos cuando la petición se razonada, aunque no haya sido tramitada por órganos judiciales franceses, con indicios de delitos, como persiste sido condición en el caso español.

El Diario de Andorra informaba ayer que las negociaciones del CDI con España han sido cerradas la semana pasada «en un 95 por ciento» por las delegaciones de técnicos que encabezan los respectivos embajadores, Jaume Gaytan (de Andorra en Madrid) y Manuel Montobbio de Balanzó (de España en Andorra la Vella).

Según la información, quedan pendientes para la tercera (y se prevé definitiva) fase técnica de negociación unos «flecos» que, nada menos corresponden al aspecto clave para los intereses españoles, que es el intercambio de información.

Durante las entrevistas mantenidas, primero por los jefes de Gobierno, Rajoy y Martí en La Moncloa (pocos días después de estallar los «casos Pujol» en el Principado, y después de los ministros Montoro y Cinca, el primero admitió que el intercambio de información no fuera «automático», pero que el mecanismo sería igual al pactado en Francia, es decir «semiautomático", mientras la UE no consiga que se comprometan al automatismo la gran mayoría de Estados, incluidos los pequeños europeos, Suiza y Luxemburgo, entre otros.

Y he aquí que, de repente, un parlamentario europeo elegido por Francia clama en una intervención en la cámara de Estrasburgo: «La Unión Europea no debe confundirse Andorra con esta mafia que utiliza el pequeño Estado, sin ser originaria», refiriéndose al «caso Pujol» y con una demanda de información del eurodiputado sobre el posicionamiento europeo sobre el asunto «ahora que se están abriendo negociaciones importantes entre la UE y Andorra».

El eurodiputado se deshacía en elogios hacia Andorra,, «uno de los pueblos más antiguos de Europa, que ha dado grandes servicios humanitarios entre guerras y que está particularmente unido a Francia» y es «una de las víctimas colaterales de este escándalo financiero, económico y político, teniendo en cuenta que se ha hecho público en el momento en que el país debe iniciar las conversaciones para un acuerdo de asociación con la Unión Europea».

Y continúa con la argumentación insistiendo que «el Principado es aún joven democráticamente, reconocido como tal desde 1993, que está siendo víctima de poderes de tipo mafioso que tienen medios superiores a su capacidad de reacción sin que no se pueda establecer si sus estructuras administrativas y económicas están afectadas por una corrupción activa».

Este discurso se ha conocido muy pocos días después de que las autoridades francesas cerraran el servicio de autobús entre el Ospitalet y el Pas de la Casa -los dos pueblos más cercanos de ambos lados de la frontera- para acabar con el contrabando (de tabaco y alcohol, sobre todo) de los usuarios de las comarcas vecinas del Estado del norte, y también porque, libres de controles de alcoholemia y pasados de copas, causaban alteraciones del orden; la última, la agresión a un aduanero.

Lástima que el eurodiputado en cuestión, Louis Aliot, nacido en Toulouse y con vínculos al Ospitalet no pertenezca a ninguno de los grupos mayoritarios en el europarlamento, ni el popular ni el socialdemócrata, sino que es miembro de la ultraderechista Front National. Aunque nunca se puede decir nunca, y las encuestas muestran un acercamiento de la líder de este partido, la hija Le Pen, a la presidencia de Francia y, automáticamente, al coprincipado de Andorra.