El "gen" franquista de las reformas electorales

La polvareda levantada por las reformas electorales propuestas por el gobierno y diferentes autonomías (la Junta de Castilla la Mancha, Galiza,...) no es una cortina de humo, para evitar discutir lo "importante", las consecuencias sociales y económicas de sus políticas para la población...como piensan desde la izquierda y la oposición.

La polvareda levantada por las reformas electorales propuestas por el gobierno y diferentes autonomías (la Junta de Castilla la Mancha, Galiza,...) no es una cortina de humo, para evitar discutir lo "importante", las consecuencias sociales y económicas de sus políticas para la población...como piensan desde la izquierda y la oposición.

El PP con estas reformas ?elección directa de alcaldes, reducción de parlamentarios autonómicos, etc.- esta remodelando el régimen del 78, blindando las instituciones frente a cambios sociales de calado. La orgía reformadora surge tras la dimisión de Juan Carlos, los malos resultados electorales y las movilizaciones de todos estos años, que ponían sobre la mesa el debate de "monarquía o republica", y como una derivación, la inexcusable convocatoria de una Asamblea Constituyente donde se resolvieran ese y todos los problemas políticos que la crisis esta haciendo resurgir, como el derecho de los pueblos a decidir su encaje político.

Mezclando a Lenin con von Clausewitz, "la política es la economía por otros medios", y todos los recortes, ajustes y rescates solo pueden garantizarse a través de un retroceso tremendo en las conquistas políticas, democráticas.

Pero vayamos por partes: primero, la reforma electoral de cara a las municipales ?elección directa de los alcaldes- la argumentan en que es más democrático una ley electoral como la que proponen, que la actual, y garantiza la "gobernabilidad". El primer argumento es una cortina de humo, lo más democrático no es que se elija directamente al alcalde, sino que el pueblo decida sobre todos los aspectos de su futuro: en un estado democrático la ley no está por encima de la decisión del pueblo, sino a su servicio, porque la ley es emanación del pueblo. Es en los estados no democráticos donde la ley, arbitraria o no, la que se sitúa por encima de la voluntad popular, encorsetándola. Las leyes del franquismo se situaban por encima del pueblo, y no por eso era democrático.

El "gen" franquista asoma su nariz por esta vía, pero saca todo su cuerpo con el segundo argumento: garantizar la "gobernabilidad", es decir, el gobierno de una persona y "brazos de madera" (parlamentarios, concejales, etc.) que a cambio de unas prebendas y patentes de corso, voten todo lo que la "autoridad competente" proponga. Es una nostalgia de la dictadura, en la que los "políticos" no tenían que pasar "el trago" de unas elecciones, de enfrentar programas, para luego incumplirlos; y arriesgarse a perder el poder, es decir el control de las subvenciones estatales. Eso es lo que esconden tras la palabra "gobernabilidad".

Para acercar "la política" y las instituciones al pueblo habría que derogar la antidemocrática ley D'Hont, que a través de "ingeniería electoral" favorece a los partidos mayoritarios, los limites de votos para ser elegido; poner medios de comunicación al servicio de las organizaciones obreras y populares, de manera que todos puedan concurrir en términos de igualdad. Hoy por hoy los únicos que tienen acceso a esos medios, públicos y privados, son las organizaciones burguesas y las que se les concede graciosamente ese "privilegio".

Junto con esto justifican las medidas porque suponen un "ahorro" en costes. Nuevamente sale el "gen" franquista, presuponiendo que el gobierno de una persona es más barato que una democracia. Falso, porque ese gobierno supone un alto grado de arbitrariedad en la utilización, sin control, de los presupuestos públicos.

Si realmente quieren abaratar la administración que no paguen la deuda ni sus intereses, que cuando llegó el PP al gobierno estaba en el 60% del PIB y ahora está casi en el 100%, al tiempo que han recortado en todos los servicios. Si quieren una administración más barata que reduzcan los salarios de parlamentarios y concejales al de un asalariado / a medio. Si quieren abaratar las administraciones que renacionalicen los servicios privatizados, revoquen concesiones y derivaciones a la privada, subvenciones a los empresarios para la contratación, y, por encima, que nacionalicen la banca y exijan la devolución de lo regalado en los rescates.

Pero el PP es parte orgánica de esa clase capitalista que se está beneficiando del asalto sistemático a las cuentas publicas, por lo que necesitan la "gobernabilidad"; y apoyándose en la evidente corrupción de los gestores actuales (de los que ellos son mayoría, por cierto), sacan el "gen" franquista del gobierno de uno solo, "el alcalde".

Este "gen" sale a relucir cuando enfrentan un proceso como el catalán, el del derecho de un pueblo a decidir, rechazado bajo el argumento de que "viola la ley" ?nuevamente la ley inamovible por encima de la voluntad popular-, y por el método muy español de que "por mis c... que aquí decido yo quién es español y quién no".

Esta lógica antidemocrática deriva de que la burguesía española fue incapaz de hacer ni una "reforma revolucionaria" del régimen absolutista, sino que pactó con él para garantizar el poder: la II Republica fue su última gran oportunidad para hacerlo y renunció con la guerra civil. Este atraso político la sitúa a años luz de otras burguesías que si hicieron las revoluciones democráticas (Francia, Gran Bretaña, EE UU), o reformas tan profundas del sistema feudal que acabaron con él hasta la raíz (Alemania, Italia).

Veamos cómo dos gobiernos iguales en su raíz conservadora y de clase, el de Cameron y el de Rajoy, encaran dos "retos" parecidos, el referendo escocés y el catalán, de manera opuesta.

La burguesía británica no es ninguna "hermanita de la caridad", mantuvo durante más de un siglo un imperio del que ahora todavía tiene los restos,... pero tiene en sus genes la revolución democrática de siglo XVII, y ha encarado el proceso escocés bajo esos criterios. El gobierno británico negoció y acordó los ritmos y las preguntas con los partidos escoceses. No se entregaron a la campaña apocalíptica de "esto se rompe", de que mientras "yo gobierne no se viola la ley" (Rajoy dixit), de sectores de la burguesía amenazando con el ejercito, etc., etc. No es que el régimen británico no sea represivo cuando lo necesita, que lo es ?Irlanda del Norte-, sino que ante procesos que sabe puede reconducir con la negociación, no se entrega al victimismo de la teoría del desastre. Tiene en sus "genes" que la democracia burguesa y sus métodos de la votación, son la mejor manera de desactivar y reconducir procesos sociales: de hecho, tras decenios de guerra, es lo que hizo en Irlanda del Norte, con los acuerdos de Stormont, y hoy las provincias del norte siguen siendo británicas.

Con todas estas reformas, el PP está adecuando el estado a las nuevas condiciones de una burguesía en crisis, una burguesía que vive del estado, incapaz de generar un tejido industrial que no dependa de sus subvenciones / concesiones. Su "audacia" ha cogido desprevenido y sin armas a toda la oposición, comenzando por el PSOE, que había dado los primeros pasos con la reforma expres de la Constitución para el pago de la deuda, y terminando por la izquierda institucional e institucionalizable (Podemos).

La inconsistencia de éstos se enfrenta al programa claro del PP, que bajo las formas de la constitución del 78, pretende volver a la "dictadura democrática" de la Reforma Política del 76, en la que hacían ciertas concesiones a ciertos partidos, el PSOE; pero no se legalizaba al PCE ni a toda la extrema izquierda, y no se negociaba con vascos y catalanes (Estatutos de Autonomía). Solo la lucha social lo impuso, aunque los estatutos de autonomía (Galiza, Euskadi y Catalunya) fueron disueltos en un "café para todos".

Ahora, bajo los golpes de una crisis profunda retoman ese "viejo" proyecto de recortar lo más posible los marcos democráticos; ya tienen la Ley de Partidos para ilegalizar a su arbitrio, ya tienen la reforma constitucional para el pago de la deuda, ya tienen la ideología de que estamos en un régimen democrático pleno pero con defectos, que el problema es la "casta" que lo dirige. De esta manera, la oposición se priva y priva de argumentos a la población ante la involución democrática que se viene; no entiende que la raíz del problema esta en el "gen" franquista del régimen del 78 que lo hace estructuralmente irreformable, no regenerable.