Cs pide a Bruselas que vigile la reforma que impediría al TC inhabilitar a los cargos que lo desobedezcan

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La eurodiputada de Ciudadanos Maite Pagazaurtundua ha solicitado a la Comisión Europea que vigile el proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) con el que el PNV busca eliminar el recurso previo de inconstitucionalidad e impedir que el tribunal inhabilite a los cargos públicos que incumplan sus sentencias.

Según Pagazaurtundua, se trata de "un nuevo intento de debilitar el poder judicial" que se suma a la reforma que impide al Consejo General del Poder Judicial hacer nombramientos mientras se encuentre en funciones, aprobada el pasado marzo.

Por ello, ha dirigido un escrito al comisario de Justicia, Didier Reynders, en el que le pide que siga de cerca esta proposición de ley --cuya tramitación fue aprobada por el Congreso en marzo y ahora se encuentra en plazo de enmiendas-- y la incluya en el informe anual que está preparando sobre la situación del Estado de Derecho en la Unión Europea.

"CONCESIONES POLÍTICAS INJUSTIFICABLES" A PARTIDOS NACIONALISTAS

La vicepresidenta de la Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo explica a Reynders que esta reforma oculta "concesiones políticas injustificables a algunos partidos minoritarios que en el ámbito subestatal han incumplido reiteradamente sentencias del Tribunal Constitucional".

Lo que plantea el PNV en su proposición de ley es la derogación de dos cambios introducidos en 2015 en la LOTC: el recurso previo de inconstitucionalidad contra las reformas de los Estatutos de Autonomía, aprobado por la entonces mayoría del PP con el apoyo del PSOE, y las potestades ejecutorias que permiten inhabilitar a los cargos públicos que desobedezcan las decisiones del Tribunal Constitucional, aprobado en solitario por el PP.

Cuando la iniciativa promovida por el PNV se debatió en el Congreso el pasado 23 de marzo, los partidos nacionalistas e independentistas la apoyaron y el PP, Vox y Cs se pronunciaron en contra. El PSOE, por su parte, votó a favor de su admisión a trámite y aceptó la idea de reformar las sanciones a cargos públicos por incumplir sentencias, pero se negó a derogar el recurso previo de inconstitucionalidad para reformas estatutarias.

UN PODER JUDICIAL SIN INSTRUMENTOS FRENTE A "ARBITRARIEDADES"

En su carta al comisario de Justicia europeo, Pagazaurtundua indica que la Generalitat de Cataluña ha desobedecido numerosas sentencias sobre el bilingüismo y otras cuestiones y, entre los casos más graves, menciona la sentencia de 2015 contra la resolución del Parlament de ese mismo año que abrió todo el proceso secesionista.

"Deben, pues, existir mecanismos que permitan que aquellos que optan por no atender las decisiones" del Tribunal Constitucional "se vean forzados a cumplirlas", argumenta.

En cuanto al recurso previo de inconstitucionalidad, la eurodiputada lo ve necesario para evaluar si una norma se ajusta a la Constitución antes de que se apruebe y apunta que en Alemania o Francia existen mecanismos similares.

Ante la posibilidad de que el Congreso acabe eliminando ambas cuestiones en la LOTC, expresa su "inquietud", pues cree que España "se puede estar convirtiendo en un mal ejemplo de descapitalización de instrumentos del poder judicial frente a eventuales arbitrariedades del poder ejecutivo".