El Gobierno actualiza el código estructural que contiene la regulación sobre estructura de hormigón y acero

El Consejo de Ministros ha aprobado mediante un real decreto el Código Estructural que contiene la reglamentación técnica en materia de estructuras de hormigón y de acero, a propuesta conjunta del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, y a iniciativa de la Comisión Permanente del Hormigón y de la Comisión Interministerial Permanente de Estructuras de Acero.

El Código Estructural actualiza la reglamentación vigente relativa a las estructuras de hormigón y a las estructuras de acero de acuerdo a las novedades de carácter técnico y reglamentario en la materia, y deroga la Instrucción de Hormigón Estructural y la Instrucción de Acero Estructural.

El nuevo marco reglamentario tiene por objeto definir las exigencias que deben cumplir las estructuras de hormigón, las de acero y las mixtas de hormigón-acero para satisfacer los requisitos de seguridad estructural y seguridad en caso de incendio, además de la protección del medio ambiente y la utilización eficiente de recursos naturales, proporcionando procedimientos que permiten demostrar su cumplimiento con suficientes garantías técnicas.

Las principales novedades que incorpora respecto de las anteriores instrucciones de hormigón y acero es que regula la gestión de las estructuras existentes durante su vida útil, los sistemas de protección, reparación y refuerzo de estructuras de hormigón, las estructuras realizadas con acero inoxidable o las estructuras mixtas de hormigón y acero.

También evalúa la sostenibilidad de las estructuras considerando las características prestacionales, ambientales, sociales y económicas que aportan los agentes que participan en su proyecto y ejecución.

El Código Estructural incorpora un modelo voluntario para la propiedad para evaluar la contribución a la sostenibilidad de los diferentes agentes que intervienen en la estructura, como el proyectista, el constructor y los fabricantes de productos, considerando las características prestacionales, ambientales, sociales y económicas.

Los parámetros utilizados en el modelo incluyen las emisiones de gases de efecto invernadero, el reciclado de materiales, el consumo de energía o agua, la utilización de energías renovables, control de emisiones y ruidos o mejora ambiental, valorándose el compromiso de dichos agentes más allá del mínimo exigido por la legislación vigente.