sábado, 27 de febrero de 2021 22:47
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"SE ESTÁN INCUMPLIENDO LAS NORMATIVAS"

Plataformas en defensa de la Dependencia denuncian a Rajoy ante la Fiscalía por incumplir la ley y vulnerar derechos

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Coordinadora Estatal de Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia


La Coordinadora Estatal de Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia del Estado Español (COES-LAPAD) ha interpuesto este miércoles una denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra el Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, por imcumplimiento de la normativa y vulneración de los derechos de sus beneficiarios.


Conforme explican en un comunicado, la denuncia expone a la Fiscal "las normativas que el Gobierno de España, encabezado por el Sr. Rajoy, está incumpliendo" como la obligación de sufragar el 50% de la financiación de la ley en lugar del 17% que según la organización, está aportando el Estado, cifra por debajo del 19% que asumen los beneficiarios.


En este sentido, acusan al presidente del Gobierno de "el hurto en los presupuestos generales del estado de 1.490 millones de euros durante sus legislaturas" destinados a la ley, así como de "dificultar o impedir el ejercicio de cualesquiera de los derechos reconocidos en la Ley", tratar "discriminatoriamente a las personas en situación de dependencia" y "conculcar su dignidad" generando "daños o situaciones de riesgo para la integridad física o psíquica" de las mismas.


Según la Coordinadora, el resultado de este incumplimiento de la ley así como de la "violación" de al menos ocho artículos de la Constitución en relación a la protección social y los derechos de los ciudadanos, "ha traído como consecuencia que 117.000 personas hayan muerto sin recibir la atención que por ley les correspondía".


"A las personas en situación de dependencia ya solo les queda confiar en la actuación por parte de la Justicia de nuestro país para parar la sangrìa, tanto de vidas como de condiciones dignas de vida, a la que se está sometiendo a las persona dependientes. Un Estado con dignidad y decencia no puede permanecer en silencio y ser cómplice de esta situación que no tiene precedentes entre los países avanzados y democráticos", señala la Coordinadora.

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