martes, 5 de julio de 2022 09:01
Sociedad
TRABAJÓ EN EL REAL MADRID Y SACYR VALLEHERMOSO

La doble vara de medir de Marta Silva Lapuerta, abogada general del Estado

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Marta Silva Lapuerta


La abogada del Estado Marta Silva Lapuerta, actual directora del servicio jurídico del Estado ha demostrado tener una doble vara de medir a la hora de personar al Estado como parte de la acusación. Mientras que sí ataca al FCBarcelona, deja pasar casos como el de la contabilidad B del PP. Quizás, que sea sobrina del extesorero popular Álvaro Lapuerta tiene alguna relación. Juzguen ustedes mismos. 


Silva Lapuerta, ex empleada del Real Madrid y muy cercana a su presidente, Florentino Pérez, es la responsable de que se mantenga la querella contra Leo Messi -a pesar de que la Fiscalía la retiró- y que hará que el jugador acabe sentándose en el banquillo de los acusados.


Finalmente, el jugador argentino irá a juicio acusado de fraude fiscal, delito por el que la abogacía del Estado pide vientidós meses y medio de prisión, contradiciendo a la Fiscalía.


Marta Silva de Lapuerta ha sido la responsable de mantener esta iniciativa. Forma parte de la promoción de abogados del Estado de 1996 y es la hija del ministro franquista de Obras Públicas Federico Silva Muñoz, que estuvo en su cargo entre los años 1965 y 1970.

Además, otro dato curioso de su biografía es que trabajó en el Real Madrid entre 2000 y 2006 formando parte de la directiva del Real Madrid durante la primera etapa de Florentino Pérez, convirtiéndose en una persona de confianza de presidente blanco.

Por otra parte, también es reseñable que tuvo un cargo de importancia (Secretaria General entre 2003 y 2009) en Sacyr Vallehermoso bajo la presidencia de Luis de Rivero, exdirectivo del Real Madrid y encausado en la contabilidad B del PP. Si a eso le sumamos que Silva Lapuerta es sobrina del extesorero del PP Álvaro Lapuerta y que según los 'papeles de Bárcenas', la empresa Sacyr (mientras ella trabajaba) hizo aportaciones en negro a la caja B del PP, no es de extrañar que la Abogacía del Estado no se personase como parte de la acusación en dicho caso.

Ahora bien, con quien sí se presenta inflexible es con los jugadores del Barcelona, ya que también fue responsable de la acusación y el juicio contra el FC Barcelona por el fichaje de Neymar. 

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7 Comentarios

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Marta Silva de Lapuerta, abogada general del Estado va a tener que resolver sobre esto: Fiscal Jefe de la Audiencia Provincial de Madrid José Javier Polo para oposición a actuación de la Abogacía del Estado en favor de investigado en el Juzgado de Instrucción 32, Dil. Prev. 1560 /2013 que emanan de las 8131/2011 publicado en www.miguelgallardo.es/fiscal-polo-ae.pdf El ex rector de la Universidad Politécnica de Madrid UPM Javier Uceda Antolín ha comparecido el 27.9.16 y, según parece, porque no se ha notificado ni se han atendido las reclamaciones de mi abogado, fue asistido por letrada designada por la Abogacía del Estado. Como suele ser habitual, ningún fiscal estuvo presente como garante de la legalidad en caso de que la abogada del investigado no se identifique. No me corresponde a mí teorizar sobre el ¿derecho a ser defendido por Abogado del Estado?, por parte de quien está siendo investigado por malversación y prevaricación, pero en las circunstancias de las Dil. Prev. 1560 /2013 del Juzgado de Instrucción 32, pasados ya casi 5 años de mi denuncia y tras 3 recursos estimados para que se instruya, estoy en mi derecho de poner en conocimiento de la Fiscalía estos graves hechos. Los abogados de todos los investigados deben ser siempre, sin excepción alguna, perfectamente identificados, tanto si son abogados del Estado, como si no. El vídeo de la comparecencia del 27.9.16, debería ser analizado por la Fiscalía junto al resto de las actuaciones, en las que no se identifica a la abogada del investigado. La Abogacía del Estado debería acusar y no defender al investigado por delitos contra la Administración pública, y en especial, por presunta malversación y prevaricación. Los hechos cometidos por el ahora investigado Javier Uceda no tienen precedente alguno, y créame que los hemos buscado en la jurisprudencia y en la Agencia Española de Protección de Datos AEPD, cuyos abogados del Estado podrán confirmar la singularidad única de lo denunciado. Es más, en los archivos de la Abogacía del Estado debe constar, al menos, un expediente con un documento reconocidamente erróneo firmado por el Abogado del Estado Jefe (P.D.F. Carmen Cacho Egües) en marzo de 2012 extremadamente relevante para que, de oficio, se deniegue lo que pretende el investigado Javier Uceda. Nuestro escrito para hacer notar aquel error a Carmen Cacho Egües puede verse publicado en Internet http://www.miguelgallardo.es/abogadodelestado.pdf En cualquier caso, en el seno de la Abogacía del Estado ya existen claros e inadmisibles conflictos de intereses en relación a los hechos investigados, siendo de aplicación el Real Decreto 997/2003, de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Servicio Jurídico del Estado porque la Abogacía del Estado ya ha representado a la Agencia Española de Protección de Datos AEPD (por cierto, opiniéndose a las pretensiones y a la misma personación de la UPM de la que era representante legal el ahora investigado por malversación y prevaricación Javier Uceda Antolín de tal manera, que la UPM fue condenada en costas teniendo que pagar a la Abogacía del Estado, en presunta malversación y prevaricación). Pero el conflicto de intereses con la AEPD no es el único del ahora investigado por malversación y prevaricación, Javier Uceda Antolín. Si el ex rector de la Universidad Politécnica de Madrid UPM Javier Uceda Antolín ha hecho el uso de recursos públicos que consta en las actuaciones por las que ha sido citado como investigado, cabe preguntarse y preguntar directamente a la Abogacía del Estado qué garantías ofrece para tranquilizar a quien sospecha que los proyectos y convenios de la UPM con el Centro Nacional de Inteligencia CNI se usen también para beneficio personal, particular y privado. Cuestionar las relaciones del investigado Javier Uceda con el CNI no es atacar nada que pueda afectar a la seguridad nacional, sino antes al contrario, preocuparse por esa seguridad en manos de quien hace lo que ya se le atribuye en las actuaciones a las que algún abogado ¿del Estado? que desconocemos está teniendo ya acceso. Pero para facilitar su comprensión sobre este gravísimo problema, sugerimos que la Abogacía del Estado, y también la Fiscalía, se pregunten por las relaciones del CNI con la UPM, ya que pueden publicarse pronto, incluso más allá de lo que consta registrado en el Senado de España y publicamos en www.miguelgallardo.es/senado-cni-upm.pdf Tanto mi abogado dentro del procedimiento judicial, como yo mismo ante la Abogada General del Estado, o ante la Oficina de Conflictos de Intereses, podemos ejercer muy diversas acciones para que el investigado no vuelva a abusar ni de los servicios jurídicos de la UPM, ni de los de la Abogacía del Estado. A mí me ha costado ese abuso, al menos, lo que bien conoce el fiscal Adrián Zarzosa Hernández, y todo precedente de oposición de la Fiscalía a la defensa de investigados por Abogado del Estado podrá ser utilizado sin límite alguno. Es una cuestión que debería estar claramente resuelta, pero como ningún fiscal ni la jueza conocen el problema de fondo, seguirán dándole vueltas. Hago público este escrito para que, además de poner los hechos en conocimiento del fiscal ausente, todos los fiscales, abogados del Estado y cualquiera que pueda dictaminar sobre el ex rector de la UPM y su actuaciones en presunta malversación. Por si puede ser útil, además de cuanto consta en las actuaciones, recomiendo la lectura del escrito registrado en el senado de España sobre un más que sospechoso convenio entre la UPM y el Centro Nacional de Inteligencia CNI. Si el ahora investigado puede disponer de letrados funcionarios libremente, todo cuanto ha desarrollado la UPM con el CNI está en grave riesgo. Más allá de lo que resuelva el Juzgado, hemos detectado una gran arbitrariedad en la Abogacía del Estado contraria al espíritu y la letra del artículo 9 apartado 3 de la Constitución Española y pedimos al Ministerio Público la interdicción de esa arbitrariedad. Escrito publicado en www.miguelgallardo.es/fiscal-polo-ae.pdf con firma digital de la empresa más afectada por los hechos denunciados. Fdo. Dr. e Ing. Miguel Gallardo, www.cita.es Tel.: 902998352 adjuntando acta de 7.9.16 y www.miguelgallardo.es/senado-cni-upm.pdf https://docs.google.com/document/d/1bkVhkSLTcdDGoIDatBC7FY4JvW7vovk_x-BGPPs3xUU/edit

escrito por Miguel Angel Gallardo Ortiz 28/sep/16    16:18
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escrito por prodelpe 10/jul/16    14:11
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escrito por Blai puig gausachs 04/jun/16    19:24
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escrito por Lola González González 04/jun/16    00:36
7

Una campaña orquestada para desestabilizar al FC Barcelona.Lo mínimo que se le debe exigir a alguien con ese cargo es independencia,equidad y no obrar con prevaricación y con ese historial que acabo de leer no lo cumple en absoluto.

escrito por jose ant 03/jun/16    01:42

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