Andalucía dice que Gobierno "excluye" sus demandas de fondo transitorio y fondo Covid en el documento de financiación

El Gobierno andaluz ha considerado este viernes, tras el envío de un documento del Ministerio de Hacienda sobre el peso de la población ajustada en la futura reforma de la financiación autonómica, que "ha excluido la financiación autonómica y el Fondo Covid del orden del día de la próxima Conferencia de Presidentes que se celebrará en La Palma", planteamiento al que ha sumado que "en el documento recién remitido nada se dice acerca del fondo transitorio compensatorio".

Según han trasladado fuentes del Gobierno andaluz a Europa Press, la reclamación de ese fondo transitorio, que Andalucía acordó en sendas reuniones con las comunidades autónomas de Valencia y Murcia, era una medida paliativa de su infrafinanciación, por cuanto "evitaría que las desigualdades en la financiación entre comunidades se acrecentasen".

El Ejecutivo andaluz ha sostenido que esa demanda de un fondo extraordinario Covid para 2022 era "solicitado igualmente por numerosas comunidades autónomas" al Gobierno con la intención de afrontar "los gastos que en materia de salud y educación hay que seguir afrontando debido a la persistencia de la pandemia".

El Ejecutivo autonómico, que ha explicado que las comunidades acaban de recibir este viernes "un documento de propuesta con 240 páginas" con un plazo de "hasta finales de enero para responder", ha considerado que "se trata del primer documento que vemos en relación a esta cuestión por parte del Ministerio".

Pese a este primer borrador sobre las directrices que guiarán el próximo modelo de financiación, las fuentes del Gobierno andaluz han estimado que "el problema persiste" tras considerar que "estamos ante otra huida hacia adelante frente a una cuestión que es urgente y necesita de celeridad".

Los reproches del Gobierno andaluz se dirigen también a la ausencia de convocatoria a los propios consejeros de Hacienda para abordar la financiación autonómica, laguna a la que suma que "seguimos sin noticias del Consejo de Política Fiscal y Financiera", punto en el que recuerdan el compromiso de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de hacerlo en el mes de noviembre. "Es el órgano donde debería plantearse y debatirse, cuantas veces sea necesario, esta cuestión", han esgrimido estas fuentes del Gobierno andaluz.

A falta de reunión del órgano de coordinación del Gobierno con las comunidades autónomas en materia de financiación, la Junta sólo contabiliza "una reunión técnica, en la que, en el caso de Andalucía, participó el director general de Tributos y, por parte del Ministerio, estuvieron presentes una subdirectora y varios técnicos".

El Gobierno andaluz reclama al Gobierno de la Nación que "afronte de manera decidida" la reforma del modelo de financiación al esgrimir que es un asunto que "afecta a todos los españoles", iniciativa para la que reclama "diálogo y verdadera iniciativa", por cuanto estima que no se puede "perder más tiempo ni dilatar más el diálogo y la puesta en común de opiniones".

Andalucía ha hecho otro llamamiento al Gobierno andaluz para que "se deje de enfrentar a las comunidades autónomas antes siquiera de haber planteado en serio la reforma" del sistema de financiación.

DOCUMENTO DEL MINISTERIO
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha remitido este viernes a todas las comunidades autónomas de régimen común, Ceuta y Melilla la propuesta del Gobierno para reformar el modelo de financiación autonómica sobre el criterio de población ajustada para iniciar el debate entre todas las autonomías sobre el nuevo sistema de financiación.

En este texto, Hacienda propone un cálculo de población ajustada, una de las variables del modelo de financiación que determina el reparto de los recursos en función de circunstancias demográficas, sociales o territoriales, como han pedido las regiones conocidas comúnmente como 'infrafinanciadas': la Comunidad Valenciana, Andalucía y Murcia.

El informe parte de los trabajos previos realizados por la Comisión de Expertos y el Comité Técnico Permanente de Evaluación.

LA POBLACIÓN AJUSTADA, "LA VARIABLE MÁS REPRESENTATIVA"
En este contexto, el Ministerio de Hacienda defiende que la propuesta del Gobierno considera que la población ajustada es la variable más representativa de las necesidades de gasto.

En el caso del gasto sanitario, el indicador actual en la población ajustada es la variable población protegida equivalente, que se divide en siete tramos de edad. En la propuesta, los grupos se dividen en tramos de edad quinquenales, de modo que, según Hacienda, se puede precisar mucho más el coste real sanitario existente por franjas etarias.

La propuesta también contempla una actualización de los coeficientes aplicables mejorando los datos y las fuentes de información. Por ejemplo, se tiene en cuenta la distribución del gasto asistencial relativo a los servicios hospitalarios y especializados, servicios primarios de salud, farmacia, consumo en prótesis, traslados y aparatos terapéuticos.

Con todos estos elementos, el gasto sanitario pasaría de tener una ponderación del 38% a una entre el 40 y el 45%.

En esta propuesta, Hacienda también defiende que se incorporan las necesidades en materia de educación para etapas universitarias o de la Formación Profesional. La ponderación de esta variable de gasto en educación también se incrementaría hasta una horquilla que varía entre el 25-30%, siendo la educación no universitaria un 75-80% de la misma y la universitaria el resto.

SERVICIOS SOCIALES
La propuesta remitida a las comunidades incluye un nuevo grupo en materia de servicios sociales, que serían los mayores de 80 años. Se incluye una variable que serían los parados sin prestación por desempleo.

La ponderación del gasto en servicios sociales en el modelo actual es de un 8,5% y pasaría a ser entre un 6 o un 10%. Dentro de esa variable, el padrón de las personas mayores de 60 años pesaría entre un 80 o 90% y el de los parados entre un 10 o 20%.

Respecto al gasto en el resto de servicios, Hacienda propone mantener la estructura actual respecto a esta variable, de modo que se medirá teniendo en cuenta la población total empadronada, lo que reduciría su ponderación a un baremo entre el 18 y el 22 por ciento.