Plataforma Denaria dice que el acceso a dinero en efectivo es un derecho legalmente reconocido

El presidente de la Plataforma Denaria, Javier Rupérez, ha afirmado que tener acceso al dinero en efectivo y poder utilizarlo como método de pago habitual es "un derecho legalmente reconocido" por las normativas española y europea.

Durante su participación en una jornada organizada por la Asociación Española de Empresas de Seguridad (AES), Javier Rupérez ha destacado también las diferentes iniciativas que se están realizando a nivel autonómico y regional para evitar la desaparición de infraestructuras de acceso al efectivo, como los cajeros automáticos.

De hecho, según una encuesta de GAD3, hasta 24 millones de personas consideran importante disponer de efectivo en su día a día. Un porcentaje que aumenta con la edad y en las zonas menos pobladas. Así, un 79% de los mayores de 65 años lo consideran fundamental, mientras que es esencial para el 74% de las personas en el caso de las localidades con menos de 10.000 habitantes.

Además, un 88% de los españoles ha asegurado en esta encuesta que el uso de las formas de pago digitales excluye a determinados estratos sociales.

"El dinero en efectivo es un medio de pago diario y frecuente que el consumidor debe poder siempre elegir porque tiene, entre sus características, la de no establecer ninguna discriminación para el que la utiliza", ha señalado Rupérez.

Asimismo, el presidente de la Plataforma Denaria ha afirmado que la legislación europea es "contundente" en este aspecto, y tanto la directiva de acceso a servicios digitales como la directiva para acceder a una cuenta de pago establecen que todos los bancos deben garantizar que los clientes puedan realizar gestiones con dinero en efectivo en oficinas bancarias.

"El gobierno de España tiene pendiente adaptar algunos de estos preceptos aprobados por el Parlamento Europeo", ha añadido.

Por otro lado, desde la plataforma se ha puesto en valor las iniciativas emprendidas por el Ayuntamiento de Barcelona, la Diputación de Salamanca, la Generalitat Valenciana, así como los gobiernos de Aragón, Castilla-León o País Vasco, en esta materia.