miércoles, 6 de julio de 2022 19:17
Sociedad

Prisiones y Justicia promueven la cancelación de antecedentes penales usada por 320.000 ciudadanos desde marzo de 2021

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El secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, y el secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Manuel Olmedo

La Secretaría de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia han clausurado este miércoles un nueva edición del taller en el que promueven la cancelación de antecedentes penales gracias a un sistema automatizado que, según sus datos, ha usado 320.000 ciudadanos desde marzo de 2021.

El taller se ha desarrollado en diferentes centros penitenciarios y CIS de la Comunidad de Madrid, así como en el Centro Penitenciario de Segovia, contando con la asistencia del secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, y el secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Manuel Olmedo.

En la clausura, Ortiz ha destacado la importancia de poder obtener el documento en el que conste la cancelación de los antecedentes penales "como culminación del proceso de reinserción". Olmedo, por su parte, ha valorado el "alcance social" de la transformación digital de la Justicia.


El taller tiene como objetivo dar a conocer a los internos, así como a los profesionales de los diferentes centros penitenciarios, el derecho de solicitar la cancelación de sus antecedentes penales y de delitos de carácter sexual con el objetivo de facilitar su reincorporación a la sociedad.

Entre los aspectos que se han explicado en el taller destacan los registros administrativos de apoyo a la actividad judicial o la aplicación del artículo 136 del Código Penal en el que se recoge que los condenados que hayan extinguido su responsabilidad penal tienen derecho a obtener del Ministerio de Justicia, de oficio o a instancia de parte, la cancelación de sus antecedentes penales, siempre que cumplan un plazo sin haber vuelto a delinquir.

Ese plazo va de seis meses para las penas leves a diez años para las graves. Al acto de clausura han acudido, además de Ortiz y Olmedo, el subdirector general de Desarrollo e Implantación de Servicios Digitales, Javier Hernández, la jefa de área de Registros Administrativos, Ana Dehesa, y la coordinadora de área de Registros de Apoyo a la Actividad Judicial, Arancha Indurria.

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