El Congreso debate hacer obligatorio el código de buenas prácticas a la banca, ampliarlo y prever sanciones

El Pleno del Congreso debatirá esta semana una moción de EH-Bildu que defiende actualizar y ampliar el código de buenas prácticas bancarias para mejorar la protección de clientes en dificultades en caso de impagos o conflictos con estas entidades, extender su obligación a todas las entidades vinculadas y prever un régimen sancionador frente a posibles incumplimientos.

La moción es consecuencia de la interpelación urgente dirigida por Bildu a la vicepresidenta de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, en la última sesión de control al Gobierno en el Congreso.

En ella, su portavoz económico de la formación abertzale, Oskar Matute, denunció que ninguna entidad ha cumplido realmente este código de buenas prácticas "porque cuando detectan el más mínimo impago le pasan el activo al fondo de inversión vinculado", que al no haber firmado el código, no tiene la obligación de cumplirlo.

PROTECCIÓN FRENTE A DESAHUCIOS, RESCATE BANCARIO Y LA SAREB
Asimismo, Bildu propone en su moción, a la que ha tenido acceso Europa Press, ampliar las medidas de protección y prohibición frente a los desahucios para personas sin alternativa habitacional en la futura Ley de Vivienda y destinar a parque público de alquiler social las propiedades de la Sociedad de gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), el recientemente nacionalizado 'banco malo'.

En este sentido, esta formación pide ceder la propiedad o uso de los activos a otros organismos públicos que desarrollen políticas de vivienda social a través de convenios necesarios con las comunidades autónomas para su gestión.

Por otro lado, Bildu añade otro punto en su moción para exigir al Gobierno la elaboración de un plan fiscal en un máximo de seis meses con plazos para el retorno progresivo de las cantidades inyectadas durante el rescate bancario.

Matute esgrimía ante Calviño que el sector bancario no se encuentra en dificultades, frente a otros más afectados por la crisis provocada por la pandemia o la inflación y que, además, se iban a ver beneficiados con la inminente subida de tipos, por lo que pedía esta devolución "ya no por solidaridad o empatía", sino "por responsabilidad".