sábado, 20 de abril de 2024 00:31
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La Audiencia Nacional dejará el jueves visto para sentencia el juicio contra Ramoncín

La Audiencia Nacional dejará el próximo jueves visto para sentencia el juicio contra el cantante José Ramón Márquez, conocido como 'Ramoncín', por haber cargado presuntamente a la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) facturas "irregulares" o que obedecían a servicios inexistentes, por valor de 57.402 euros, entre septiembre de 2008 y marzo de 2011.


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La Audiencia Nacional dejará el próximo jueves visto para sentencia el juicio contra el cantante José Ramón Márquez, conocido como 'Ramoncín', por haber cargado presuntamente a la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) facturas "irregulares" o que obedecían a servicios inexistentes, por valor de 57.402 euros, entre septiembre de 2008 y marzo de 2011.


El fiscal Anticorrupción José Miguel Alonso pide al tribunal que condene a 'Ramoncín' a cuatro años y diez meses de cárcel por delitos de falsedad documental y apropiación indebida, aunque plantea como alternativa que pague una multa de 13.924 euros por administración desleal.


El ex director general de la Sociedad Digital de Autores (SDAE), José Luis Rodríguez Neri, se enfrenta a la misma pena que el músico, mientras que el fiscal pide para el exdirector de los Servicios Jurídicos de la SGAE Pablo Hernández Arroyo una pena de dos años y nueve meses de cárcel por apropiación indebida o, alternativamente, una multa de 40.356 euros por administración fraudulenta.


En el banquillo de los acusados se sienta también el ex director general de SGAE y exconsejero de la filial digital Enrique Loras, para quien piden dos años de prisión por un delito de apropiación indebida o,de forma subsidiaria, el abono de una multa de 20.866 euros por el de administración fraudulenta.


PRODUCTORES DE TELEVISIÓN Y EXCARGOS DE LA SGAE EN EL JUICIO


Durante el juicio, el cantante ha reconocido que vendió su "talento" al grupo SGAE ofreciéndole proyectos de "extraordinario" valor y que serían un "éxito" para la entidad, después de que se viera forzado a abandonar los escenarios en 2006 al sufrir una "persecución real" por defender los derechos de autor. "En Viña Rock me sacaron a pedradas al grito de puta SGAE", dijo.


Esta versión fue secundada por los tres exdirectivos que se encuentran acusados y por varios excargos de la SGAE que testificaron en el juicio para declarar que 'Ramoncín' se había convertido en la cara "visible" de la entidad en la batalla contra la piratería digital.


Neri, que se encuentra investigado como presunto cabecilla del desvío de fondos de la SGAE, defendió en la vista que su amigo 'Ramoncín' era una persona "absolutamente talentosa" y que la entidad no hizo "un acto de beneficencia con él". "Era un negocio redondo para ambas partes", dijo.


En la segunda sesión del juicio, media decena de productores del mundo de la música y la televisión aseguraron que el intérprete les propuso varios programas "interesantes", que no salieron adelante por ajustes presupuestarios en sus cadenas. Por su parte, un guardia civil destacó que la SGAE aportó al Instituto Armado "borradores, power point o vídeos", pero no los contratos sobre los proyectos investigados.


"SALIDA ILEGÍTIMA DE FONDOS"


En su escrito provisional de acusación, el fiscal señala que, "con el exclusivo objetivo de procurarse un lucro ilícito", 'Ramoncín' y su amigo Rodríguez Neri, que "se prestó a darle su colaboración imprescindible" para su "ilícito fin" mediante la "posición decisiva que ostentaba en la SGAE, procedieron a la "elaboración e ideación de determinada documentación que en apariencia diera cobertura a la ilegítima salida de fondos que iban a llevar a cabo".


Para ello, concretaron cinco "hipotéticos negocios jurídicos", todos ellos "al margen de la deuda por importe de 121.159,72 euros" que, a fecha del 26 de junio de 2012, 'Ramoncín' mantenía con la SGAE por "los anticipos recibidos a cuenta de los derechos de autor".


El primero de estos negocios consistió en la elaboración de un programa de televisión llamado 'El creador', por el que el cantante cobró en septiembre de 2008 una factura de 10.100 euros a cambio de "unas páginas referidas" al proyecto que nunca fueron "objeto de desarrollo ni de expectativa de beneficio alguno para la sociedad pagadora", que fue la filial de la SGAE Portal Latino.


La sociedad mercantil Jupiter Music, de la que 'Ramoncín' era administrador único, también cobró 5.800 euros en diciembre de 2009 de la SDAE por el "estudio, desarrollo y puesta en funcionamiento" de un sistema de protección de archivos llamado 'La caja fuerte virtual'. En su declaración ante el juez, en enero de 2013, el músico defendió que, de haber vivido en Estados Unidos, esta herramienta se la habría "vendido a Steve Jobs". "Como vivo en España, se la vendí a la SGAE", defendió.


La SDAE también abonó a la sociedad de 'Ramoncín' dos facturas por un total de 28.050 euros en diciembre de 2010 y marzo de 2011 por la redacción de las "líneas directrices" del programa de televisión '¿Hablamos el mismo idioma?'. Las dos partes firmaron un contrato que se encontró en la casa de Rodríguez Neri a pesar de que no figuraba en los archivos de la SGAE, "en los que únicamente aparecía una copia sin firmar de un borrador de contrato", y que no estaba "amparado" en ningún acuerdo adoptado con arreglo a los estatutos de la sociedad.


Al margen de la participación de Rodríguez Neri, 'Ramoncín' elaboró en 2010 un proyecto de divulgación de los derechos de autor dirigido a la SGAE por importe de 6.962 euros que se desarrolló con el "beneplácito" de Loras y Hernández.

Además, percibió presuntamente otros 6.490 euros como adelanto por la indemnización que la SGAE debía pagarle como resultado de una sentencia dictada en 2011 por el Tribunal Supremo.


El entonces director de los servicios jurídicos autorizó el pago al entender "unilateralmente" que la resolución judicial era "perjudicial desde el punto de vista corporativo para la entidad de gestión". Para evitar que el Consejo de Dirección tuviese conocimiento de esta decisión, fijó la cuantía en 5.500 euros, que se incrementó en 990 euros al aplicarle el 18 por ciento de IVA, según el Ministerio Público.

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