Rajoy trasladará a Puigdemont su rechazo al plan soberanista

La esperada reunión entre el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, y el presidente de la Generalitat,Carles Puigdemont, se acerca. Mañana ambos se verán las caras en torno a las 17.00 horas en el Palacio de la Moncloa, y Rajoy ya ha avanzando que trasladará a Puigdemont su rechazo al plan soberanista promovido por el Govern, pero que está dispuesto a hablar de cuestiones competenciales y financieras en el marco constitucional.

Esta primera reunión entre ambos dirigentes se produce tres meses después de que Puigdemont fuera investido presidente de la Generalitat.

El Gobierno del PP enmarca esta reunión en la "normalidad institucional" y ha recordado que se produce a petición de la Generalitat.

"Escucharé a Puigdemont como a todos los presidentes de comunidades autónomas, sin orden del día fijado y como siempre abierto a escuchar", dijo hace unos días el propio Rajoy.

Por su parte, Puigdemont llevará a La Moncloa su plan soberanista para exponérselo a Rajoy, quien le recalcará que esas reivindicaciones de corte independentista no tienen cabida porque atentan contra la soberanía nacional y el PP no está dispuesto a hacer ningún tipo de concesión en este asunto, han indicado las fuentes consultadas.

Este mismo martes, en una comparecencia para valorar los 100 primeros días del Govern, Carles Puigdemont ha asegurado que no se "entendería que fuera a Madrid y no hablara" de su plan soberanista para llevar a Catalunya a la independencia.

CUATRO EJES DE DEBATE

De hecho, ha insistido en que no puede obviar en esa cita que el suyo es "un gobierno independentista que se sustenta en una mayoría independentista en el Parlament".

El presidente de la Generalitat quiere plantear a Rajoy cuatro ejes: la relación de Catalunya con el resto de España, derechos básicos de los ciudadanos, "incumplimientos" del Estado y judicialización de la política.

Además, el presidente catalán pedirá a Rajoy "comprensión a la demanda de Catalunya", en referencia al proceso soberanista, y espera no volver de vacío.

"Es una demanda que no la hace un partido, que no la hace una institución. Hay un movimiento ciudadano detrás muy transversal", ha asegurado en rueda de prensa.

Por su parte, fuentes de Moncloa ya han avanzado que no habrá diálogo ni concesión sobre ese proyecto soberanista porque con la unidad de España "no se juega".

De hecho, han recordado que el Gobierno ha ido recurriendo todos los pasos hacia la independencia que han dado la Junts pel Sí y la CUP, empezando por la resolución independentista aprobada por el Parlamento catalán y anulada por el Tribunal Constitucional.

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Sin embargo, sí que ven posible que en esta entrevista se hable de cuestiones competenciales y relativas a la financiación en el marco estatutario y constitucional que, según destacan, es en el que Rajoy va a desenvolverse.

La pasada semana, la portavoz del Gobierno catalán, Neus Munté, dijo que Puigdemont está abierto a discutir una reforma de la financiación autonómica que incluya al conjunto de las autonomías si esto se plantea desde el Estado, pero el gobierno catalán en ningún caso la lideraría.

La reforma de la Constitución tampoco entra en los planes del Ejecutivo catalán, pero no se cierra a ella en el caso que llegara.

Aunque no se cierran ni a la financiación ni a la reforma constitucional, subrayan que en Catalunya "las urnas ya han hablado" en las elecciones catalanas de septiembre de 2015, y hay un mandato para avanzar hacia la independencia, según Munté.

OBJETIVO DE DÉFICIT

Aunque es el primer encuentro entre ambos, en estos meses ha seguido habiendo contactos entre los distintos ministerios y los consejeros catalanes para "evitar el colapso de las finanzas catalanas", según recuerdan desde el Ejecutivo.

Se prevé que Rajoy traslade a Puigdemont que las comunidades, como parte del Estado que son, deben ser conscientes de sus responsabilidades a la hora de cumplir los compromisos de déficit.

El Gobierno catalán considera que el objetivo de déficit asignado a Cataluña para 2016 resulta "inasumible" (0,3% en 2016).