sábado, 20 de abril de 2024 17:35
Sociedad

Vila Mitchelena se enfrenta a 316 años de cárcel por colocar una bomba en el BBVA

El etarra Fermín Vila Michelena, detenido en junio de 2010 en Belfast (Irlanda del Norte), se enfrenta el próximo lunes a una pena de 316 años de cárcel por colocar el 8 de mayo de 2001 una bomba en una sucursal del BBVA situada en la calle Goya de Madrid, que causó heridas a 18 personas y cuantiosos daños materiales en los vehículos y edificios colindante.

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Fermín Vila Michelena



El etarra, Fermín Vila Michelena, detenido en junio de 2010 en Belfast (Irlanda del Norte), se enfrenta el próximo lunes a una pena de 316 años de cárcel por colocar el 8 de mayo de 2001 una bomba en una sucursal del BBVA situada en la calle Goya de Madrid, que causó heridas a 18 personas y cuantiosos daños materiales en los vehículos y edificios colindante.


El fiscal Marcelo de Azcárraga acusa de un delito de estragos terroristas, otro de robo con finalidad terrorista, dieciocho atentados terroristas y un delito de falsificación de documento oficial a Michelena, para quien solicita además una pena de 20 años de inhabilitación absoluta.


En su escrito de conclusiones provisionales, el representante del Ministerio Público mantiene que Vila Michelena se incorporó al comando 'Buru Ahuste', que actuaba en Madrid, y asumió el nombre orgánico de Pedro. Junto a la etarra Ana Belén Egües Gurruchaga, robó un vehículo, marca Renault, que se encontraba aparcado en la calle Luis de Hoyos Sáinz, y al que cargaron entre 60 y 70 kilos de explosivo que le había proporcionado la banda terrorista ETA.

Tras sustituir sus placas de matrícula, estacionó el vehículo a la altura del número 14 de la calle Goya con la carga explosiva frente a las puertas de acceso de las oficinas de la entidad bancaria BBVA, mientras que Egües hacía labores de vigilancia.

"La finalidad del acusado era causar con la explosión los mayores daños personales y materiales, razón por la cual se eligió un lugar céntrico de Madrid muy transitado y rodeado de viviendas y locales comerciales", señala el fiscal, que pide que afronte indemnizaciones de entre 1.300 y 25.000 euros.

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