El PP debe depositar una fianza civil de 1,2 millones de euros por su ‘caja B’ o será embargado

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha citado para este lunes al representante legal del Partido Popular (PP) para comunicarle el requerimiento de que la formación debe asumir la fianza civil, que alcanzó los 1,2 millones de euros, después de que no haya sido cubierta en su totalidad por los responsables directos de la causa en la que se investiga la financiación con 'cajas B', "desde 1990 hasta, al menos, el año 2008".

El juzgado ha dictado una diligencia en la que asegura que las cantidades reclamadas en concepto de responsabilidad civil han resultado "aseguradas parcialmente" aseguradas y recuerda que fueron solicitadas a los ex tesoreros Álvaro Lapuerta, Luis Bárcenas y el exgerente Cristóbal Páez.

"No alcanzándose a cubrir la totalidad de las cantidades exigidas a los acusados y responsables civiles directos antedichos, procede requerir al Partido Popular, en su condición de responsable civil subsidiario, en la persona de su representante legal, conforme a lo dispuesto en el auto de apertura de juicio oral", explica.

Ese auto, daba diez días a los responsables civiles subsidiarios para cubrir la caución de 1,2 millones de euros, con el apercibimiento de que se embargarán sus bienes si no presta la caución. Esta cantidad obedecía a las cantidades defraudadas en la reforma de la sede de Génova y los donativos presuntamente irregulares.

De la Mata sentó en el banquillo de los acusados al Partido Popular (PP) como responsable civil subsidiario por haberse financiado con 'cajas B', que se habrían nutrido de donativos ajenos a la contabilidad oficial con el fin de pagar "gastos generados en campañas electorales, retribuciones, complementos de sueldo, compensaciones a personas vinculadas con el partido o servicios relacionados con la actividad del partido".

Así constaba en el auto del pasado mayo en el que abría juicio oral contra los extesoreros del partido Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, el exgerente Cristóbal Paéz y los socios del estudio de arquitectura Unifica que reformó la sede de Génova Gonzalo Urquijo, Belén García y su empleada Laura Montero y consideraba que esta empresa junto a la formación política deben ser juzgados como responsables civiles subsidiarios de los presuntos delitos que habrían cometido los seis acusados.