España vulnera el derecho a la salud 388 veces en tres meses

La Red de Denuncia y Resistencia al RDL 16/2012 (REDER), formada por colectivos, organizaciones y movimientos en favor del acceso universal a la sanidad, ha recopilado en apenas tres meses, entre abril y julio de este año, 338 casos de vulneraciones del derecho a la salud en España, que se sumarían a las 2.496 que lleva acumulada esta entidad desde que se creó hace dos años.

Una quinta parte de estas vulneraciones ni siquiera cumple con la legislación en vigor, ya que se han detectado 14 casos de mujeres embarazadas (120 desde 2014), 35 casos de menores de edad (180 desde 2014) y 3 personas solicitantes de asilo (13 desde 2014) a quienes se les ha negado acceso al sistema sanitario.

Igualmente, contabilizan 20 incidencias en urgencias (299 desde 2014) que van desde la denegación de asistencia sanitaria a la facturación de la misma, y se han recopilado 14 testimonios de personas ancianas con residencia legal a las que se niega la asistencia tras haber llegado a España por procesos de reagrupación familiar.

Por patologías, entre los casos de estos últimos cuatro meses hay incidencias con pacientes con cáncer (3), enfermedades cardiovasculares (4), diabetes (13), hipertensión (7), VIH (8), enfermedades degenerativas (4), enfermedades potencialmente mortales (6) ó de enfermedades mentales graves (5).

Asimismo, el análisis por nacionalidades muestra como el 40 por ciento de vulneraciones afecta a ciudadanos de Latinoamérica, seguidos de los procedentes del Norte de África (21%), de la Unión Europea (20%), África subsahariana (10%), Europa del Este (5%) y Asia (4%).

Más allá de estos casos, la falta de información sigue siendo la causa principal de la mayoría (57%) de las incidencias recogidas por REDER, lo que "provoca denegaciones de asistencia a personas que sí tienen derecho, así como que no se explique a las potenciales beneficiarias cuáles son las vías a través de las cuales pueden recibir asistencia".

Tras la reforma sanitaria impulsada por la entonces ministra Ana Mato en 2012, que modificaba las condiciones de acceso a la tarjeta sanitaria del Sistema Nacional de Salud (SNS), la mayoría de comunidades autónomas a excepción de Castilla y León, La Rioja, Ceuta y Melilla aprobaron medidas para contrarrestarla.

REQUISITOS DIFÍCILES DE CUMPLIR 

No obstante, recuerdan los autores del informe, los requisitos que se exigen en estas regulaciones son en muchas ocasiones difíciles de cumplir para las personas afectadas, porque "requieren presentar, por ejemplo, documentación imposible de conseguir en sus países de origen".

Esto hace que más de la cuarta parte de las incidencias recogidas en el último periodo se deban a la imposibilidad de aportar estas exigencias administrativas. Entre estos sigue destacando el empadronamiento -imposible de acreditar para personas sin hogar o sin documentación de identidad- que, al exigirse en muchos casos un tiempo mínimo (desde los tres meses al año) implica mantener la exclusión de estas personas mientras se cumple dicho periodo.

Algo similar sucede con el certificado de no exportación del derecho a la asistencia, que se exige a personas con ciudadanía comunitaria y procedentes de países con convenios bilaterales con España(Andorra, Brasil, Chile, Marruecos, Perú y Túnez) y cuyo coste o la imposibilidad de tramitarlo a través de consulados dificulta enormemente su obtención.

MELILLA: EL DRAMA DE LA EXCLUSIÓN SANITARIA 

Los autores del informe reconocen que ningún lugar de España retrata como Melilla el drama de la exclusión sanitaria, donde confluyen de forma simultánea varios factores como un alto porcentaje de población migrante, la aplicación más estricta posible del RDL y un gran número de personas, entre ellas menores, viviendo en la calle, debido a la limitada capacidad de los centros de atención.

"El resultado es que el acceso a la sanidad encuentra en esta ciudad autónoma más barreras que en ningún otro lugar del Estado, provocando situaciones gravísimas, como casos de tuberculosis sin tratar adecuadamente, como los tres que se incluyen en este informe", han denunciado.

Ante esta situación y al "estancamiento" del actual contexto político, los autores del informe proponen a los partidos políticos que rechazaron la reforma impulsada por el Gobierno 'popular' y aprovechen la mayoría parlamentaria para situar "la salud en el número uno de sus prioridades y acaben de una vez por todas con la exclusión sanitaria".

De igual modo, han añadido, las comunidades deben llegar al límite de sus competencias para garantizar que todas las personas que viven en su territorio puedan acceder a la asistencia sanitaria sin discriminación alguna.