La oposición que no aprendió: hantavirus y memoria corta

La reciente alerta por hantavirus en España, aunque epidemiológicamente acotada y de bajo riesgo para la población general según los informes técnicos y las directrices de la Organización Mundial de la Salud, ha vuelto a poner en evidencia una dinámica que, más que el propio agente patógeno, debería inquietarnos como sociedad: la transformación sistemática de la emergencia sanitaria en terreno de batalla partidista.

En un contexto donde la coordinación institucional, la comunicación basada en evidencia y la prudencia deberían ser los ejes de la respuesta, ciertos sectores de la oposición han optado por la estrategia del ruido, convirtiendo protocolos de vigilancia en narrativas de caos y desgobernación. Esta actitud no solo confunde la crítica democrática legítima con la deslealtad institucional, sino que ignora un principio ético fundamental que Max Weber ya delineó con claridad meridiana: la política exige una ética de responsabilidad, no una ética de convicción que mide sus actos por la pureza del gesto y no por sus consecuencias reales sobre la vida colectiva.

Cuando un brote de alcance limitado se instrumentaliza para obtener rédito inmediato, se traiciona el mandato primario de todo representante público, que es velar por el interés general, incluso —y especialmente— cuando el escenario no favorece la confrontación. Hannah Arendt recordaba que la política es el ámbito donde los seres humanos asumen mutuamente la responsabilidad del mundo que habitan; reducirla a un espectáculo de sospechas infundadas y descalificaciones sin sustento técnico no es ejercer la oposición, es abandonar el compromiso cívico que da sentido a la vida pública.

En España, donde las heridas de la pandemia aún no han cicatrizado del todo, la memoria colectiva sigue marcada por la incertidumbre y la fatiga; la polarización se convierte en un lujo peligroso que la ciudadanía no puede permitirse. María Zambrano advertía que el poder solo se legitima cuando se reconoce como servicio a la vida en común, no como herramienta de dominio ni como escenario de rencillas estériles; ignorar este principio en una crisis sanitaria, por controlada que esté, implica un coste democrático que se paga en desconfianza institucional y en la erosión del tejido social.

No se reclama silencio ni sumisión, sino rigor, lealtad a los hechos y respeto hacia una población que merece claridad en medio de la incertidumbre. La salud no tiene ideología, y su gestión requiere madurez, no oportunismo. Si los partidos no son capaces de elevar el debate por encima del cálculo electoral, terminarán socavando la propia credibilidad del sistema que dicen defender. En tiempos de fragilidad, la oposición constructiva no es la que ataca por sistema, sino la que vigila con altura, exige con fundamento y comprende que la política es, ante todo, un acto de cuidado colectivo. Y cuidar exige, como nos recordó José Ortega y Gasset, que cada cual asuma su circunstancia con dignidad y responsabilidad, pues «yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo».

La política española tiene una deuda pendiente con la altura de miras; superar este episodio sin caer en la tentación del escándalo fácil, sin convertir la vigilancia científica en arma arrojadiza, sería un primer paso para honrar esa deuda. Jürgen Habermas sostenía que la legitimidad de las decisiones públicas depende de su capacidad para someterse al debate racional y a la prueba de la verdad; cuando el ruido político sustituye al argumento, cuando el miedo se comercializa en lugar de gestionarse, se quiebra ese pacto implícito que nos permite convivir.

La responsabilidad en política no consiste en señalar errores reales o imaginarios con fines tácticos, sino en construir respuestas que salvaguarden el bien común incluso cuando ello exige moderar el instinto partidista. La historia recordará no tanto la magnitud de los brotes, sino la calidad moral de quienes los gestionaron y de quienes los observaron. El PP, partido que aspira a gobernar, no puede dejarse arrastrar por la dinámica de Vox, formación cuyo objetivo principal parece ser el desgaste sistemático del gobierno de Pedro Sánchez, incluso en episodios en los que el Ejecutivo no tiene responsabilidad alguna.

Que este episodio sirva, al menos, para recordar que la oposición no es el reverso del gobierno, sino su complemento necesario dentro de un marco de lealtad institucional; que la crítica debe estar al servicio de la mejora, no del desgaste; y que, en última instancia, la política es un ejercicio de responsabilidad compartida que no admite atajos cuando está en juego la salud, la confianza y la convivencia. Solo desde esa conciencia ética será posible transitar de la polarización estéril a la democracia adulta que España merece y necesita.