El Supremo investiga a Rita Barberá por blanqueo de capitales en el PP de Valencia

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha acordado este martes abrir causa contra la exalcaldesa de Valencia y senadora del PP, Rita Barberá.

El procedimiento se abre por la comisión de un presunto delito de blanqueo de capitales en el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia, en el marco de la Operación Taula derivada del caso Imelsa. 

Barberá ha comunicado al Grupo Parlamentario Popular que no asistirá este martes por la tarde a la constitución de las comisiones parlamentarias, en dos de las cuales, la Constitucional y la de Economía, ella es vocal.

Con esta decisión del Supremo, la causa acoge así el criterio del Ministerio Público, que el pasado mes de julio solicitó por escrito al alto tribunal que designara un magistrado instructor del asunto.

El magistrado investiga las donaciones de 1.000 euros hechas por concejales y asesores del partido. Estos devolvían estas cantidades en dos billetes de 500 euros. Así, presuntamente, se blanqueaba dinero negro en efectivo. 

RITA, UNA MÁS DE LAS QUE APORTARON DINERO

En el escrito, el magistrado implica a la senadora 'popular' por ser "una más de las personas que reconocidamente efectuaron la aportación de 1.000 euros" por el que están imputados todos los concejales (excepto Eusebio Monzó, actual portavoz), exediles, asesores y exasesores que también realizaron el pago en vísperas de las elecciones de 2015.

El juez, no obstante, incidía en su escrito que ni las dos personas investigadas que han reconocido que el dinero entregado les fue devuelto ni los cuatro testigos que se negaron a hacer la aportación han realizado una imputación "concreta" respecto a la participación de la exalcaldesa de Valencia en los hechos objeto de investigación.

Detallaba también las sospechas que existen sobre las finanzas del PP e incidía en la relación de la senadora con la persona que gestionaba las cuentas bancarias, la exsecretaria del grupo municipal, María del Carmen García-Fuster, también imputada en este procedimiento.

Apuntaba que Barberá era su superiora jerárquica como alcaldesa y máxima responsable del grupo y existía, además, una relación personal de "estrecha confianza" entre la aforada y la principal investigada, quien en su declaración judicial se negó a desvelar el origen de varios ingresos detectados en 2003, 2010 y 2011 por un importe superior a 200.000 euros, así como la identidad de la persona que le entregaba ese dinero.

DELITO EN LAS MORDIDAS

El instructor, que declaró la causa "compleja", precisaba que la "presunta naturaleza delictiva de comisiones o mordidas en el ámbito de la Concejalía de Cultura que se investigan en la pieza principal" son "muy anteriores en el tiempo", pero consideraba "significativo" el silencio de García-Fuster al ser interrogada sobre el origen de ese dinero.

Antes de elevar la causa al Supremo, el magistrado ofreció a Barberá la opción de declarar, sin someterse a un interrogatorio. La senadora presentó un escrito de alegaciones en el que reconocía la aportación del dinero para la campaña de las elecciones de 2015 en las que ella optaba a la Alcaldía, aunque negaba que se lo reintegraran. Sus explicaciones resultan, en opinión del juez de Valencia "insuficientes" para excluir su posible implicación en los hechos investigados.

La investigación por blanqueo de capitales en el Ayuntamiento de Valencia es una pieza separada del 'caso Imelsa', en el que se investiga el amaño de contratos a cambio de comisiones ilegales en varias administraciones de la Comunidad Valenciana: Diputación (a través de la empresa Imelsa); Ayuntamiento (a través de la Concejalía de Cultura) y Generalitat (a través de la empresa Ciegsa).

La causa, que nació en abril de 2015, está abierta por malversación, fraude en la contratación pública, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo.