viernes, 13 de diciembre de 2019 12:00
Opinión

LA DOBLE VARA DE MEDIR DEL GOVERN

Carmen P. Flores
Carmen P. Flores
Directora de Pressdigital

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Desahucios 2


Les voy a contar una historia que a muchos les resultará familiar. Érase una vez una familia que vivía en el barrio del Clot de la ciudad de Barcelona. Tuvieron la mala suerte de que la crisis, como en miles de familias, entró de lleno en su casa, con la visita inesperada del paro y la miseria. Consecuentemente, los ingresos no volvieron a ser invitados permanentes. Resultado: que la vivienda que habían alquilado hacía ya 25 años se la querían arrebatar por la falta de pago. 


Su situación desesperada la escucharon una serie de personas que se solidarizaron con ellos y el día del desahucio decretado por un juez, el 25 de julio de 2011, unas setenta personas se situaron delante de la puerta para impedir la entrada de las autoridades competentes y que la familia fuera desalojada. Se armó la marimorena entres los Mossos d’Esquadra y las personas presentes, que defendían el derecho de la familia a permanecer en la que hasta entonces había sido su casa.


La Generalitat de Catalunya, ahora, pide para tres de los presentes ese día en la “insumisión” y dos de los inquilinos penas de hasta cinco años y tres meses de cárcel por delitos de atentado a la autoridad y desórdenes públicos. El juicio está previsto que se celebre a principios del próximo mes.


Entiendo, dada la situación de desobediencia continuada de algunas de las instituciones catalanas más importantes y de más de un ayuntamiento, que estos inquilinos, haciendo uso de la defensa de su libertad de “expresión” y el derecho que les ampara la Constitución Española de tener una vivienda, defendieran de la manera que ellos consideraron más eficiente sus derechos. La institución que debería proteger y ayudar resulta que los denuncia por llevar a cabo “una desobediencia social”. 


Sin embargo, la misma institución es comprensiva y defensora de la alcaldesa de Berga, que había incumplido una orden del juez de presentarse a declarar. El trato recibido por la edil por parte de Mossos fue exquisito. Vestidos de paisanos para pasar desapercibidos, se presentaron a las siete de la mañana en casa de la alcaldesa, cuando menos gente había en la calle para que la detención pasara desapercibida. El “gobierno de todos” pone el grito en el cielo por el acontecimiento y, en cambio, en la historia que les explico, denuncia a los desahuciaos por el ejercicio de hacer lo que consideran justo. ¿Los cargos públicos tienen tratos preferentes, prebendas, comprensión, defensa y lo que haga falta mientras que las personas necesitadas no pueden ejercer acciones contra lo que consideran una injusticia más que manifiesta? Creo sinceramente que no debería utilizarse una doble vara de medir dependiendo de quiénes sean los afectados. Los derechos son para todos, cargos públicos incluidos, porque si no es así, flaco favor le están haciendo nuestros gobernantes a esta democracia. “Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago” es una definición muy gráfica de las actitudes de algunos.


Como pueden ver esta es la historia de unos desahuciados que pueden ir a la cárcel por ejercer su “desobediencia social”, la misma que algunos están ejerciendo con total impunidad. En la otra cara de la moneda está el caso de la alcaldesa de Berga que la defiende la Generalitat de “todos”. 

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