jueves, 25 de febrero de 2021 09:33
Sociedad

Funcionarios y policías reclaman al Gobierno un nuevo pacto de Estado contra la violencia de género

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25N violencia genero


La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) y la Confederación Española de Policía (CEP) reclaman al nuevo Ejecutivo de Mariano Rajoy que redoble sus esfuerzos en la lucha contra la violencia de género a través de un pacto de Estado y social renovado.


Mediante el lema ‘#compromiso25N’, CEP y CSIF recuerdan que “las víctimas son más que cifras, son mujeres con nombres y apellidos, con historia, con ilusiones, con sueños que nunca podrán hacerse realidad, con ganas de vivir, no podemos seguir el juego del maltratador invisibilizándolas de nuevo tras una nueva cifra de víctimas al año”


Ambas reclaman un pacto que “vuelva a situar en el centro del debate y las prioridades políticas la lucha contra esta lacra social”. La campaña en las redes sociales busca “promover una gran coalición frente a este problema para alimentar el compromiso y cerrar espacios de impunidad”.


Para ello, tanto CSIF como CEP proponen un decálogo con 10 puntos que exponemos a continuación:


-Recordemos a las víctimas por su nombre no por la cifra, no son cifras son vidas.


-Empaticemos con las víctimas, ponte en su piel.


-Extendamos el compromiso de CSIF y CEP en nuestro entorno laboral. alimenta el #compromiso25n.


-Reclamemos al nuevo Gobierno un pacto de Estado y social contra la violencia de género.


-Hagamos una gran coalición, una gran unidad política, sindical y ciudadana, en todos los ámbitos: gobiernos, administración, partidos, sindicatos, organizaciones sociales, medios de comunicación… que eleve el este rechazo social a la categoría máxima, sumar nuestras fuerzas.


-Reclamemos que las políticas de igualdad y el valor de la mujer deben ser una pieza fundamental en las prioridades sociales y educativas de los diferentes gobiernos, incremento de la inversión presupuestaria.


-Exijamos que se incorporen medidas de sensibilización, detección y protección a las víctimas en el ámbito laboral mediante el desarrollo de los Planes de Igualdad, sensibilización y protección.


-Realicemos seguimiento de las víctimas, que nos permita evaluar los resultados de las medidas implantadas, sus derechos no pueden ser invisibilizados, pérdida de retribuciones, dificultades para conciliar, perdida de promoción profesional.


-Reclamemos protocolos de movilidad para empleadas públicas víctimas de violencia de género en el sector público y privado, que garanticen su seguridad y su adaptación a la vida normal y la reserva de un cupo de las plazas de la administración para ser cubiertas por las mujeres víctimas de violencia de género y beneficios fiscales.


-Asignación suficiente de recursos humanos y materiales a las Unidades de Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional, tanto en los equipos de investigación de delitos de violencia de género como en aquellos dedicados a la protección y acompañamiento de las víctimas. Resulta vital, en este sentido, reducir la ratio de mujeres protegidas por policía, que ahora supera las 47 féminas por agente, según la media nacional.

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