El Tribunal de Cuentas y la Junta Electoral presentan sus recetas sobre financiación de partidos

El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Alvárez de Miranda, el de la Junta Electoral Central, Carlos Granados Pérez, y la del Consejo de Transparencia, Esther Arizmendi Gutiérrez, presentarán este miércoles en el Congreso sus recetas para mejorar el control sobre la financiación de partidos políticos.

Los tres están citados a comparecer ante la Comisión para la Auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales, dentro de la ronda de comparecencias abierta por este órgano para recopilar propuestas sobre la financiación de los partidos políticos.

El responsable del órgano estatal encargado de fiscalizar las cuentas de las formaciones políticas podrá dar detalles del último informe de este tipo realizado por el tribunal y responder a las inquietudes de los miembros de la comisión sobre su funcionamiento.

La mayoría de los expertos que han desfilado en las últimas semanas por esta comisión han reclamado más medios más Tribunal de Cuentas y también más competencias para sus funcionarios a la hora de controlar los gastos de los partidos.

EL DINERO QUE MUEVEN LOS PARTIDOS

En su informe la campaña electoral de las elecciones generales de 2016, el fiscalizador cifró en 45,03 millones de euros el gasto total de los partidos, un 28% menos que en los comicios anteriores de diciembre de 2015, pese a que todos ellos coincidieron en la necesidad de recortar con motivo de la repetición de los comicios.

En ese documento, el Tribunal de Cuentas detectó varios incumplimientos de la Ley Electoral. Por ejemplo, hubo formaciones no ingresaron fondos en sus cuentas electorales, otras abonaron gastos a través de sus cuentas ordinarias, otras que hicieron pagos fuera del plazo de 90 días posteriores a la jornada electoral. También mencionó el caso de empresas que no cumplieron su obligación de comunicar contratos con partidos de más de 10.000 euros.

FÓRMULAS PARA AHORRAR

Además, entre sus recomendaciones, la institución que preside Ramón Álvarez de Miranda aconsejó replantearse el envío de papeletas y sobres electorales a los ciudadanos, por considerar ya está asegurado que esos materiales estén disponibles en todos los colegios la jornada de votación. En este sentido, abogó por nuevas fórmulas que permitan ahorrar dinero al Estado y que garanticen que la subvención sea finalista y se pague por sobre enviado y no por elector, como hasta ahora.

Asimismo, recomendó vincular el límite máximo de gastos electorales con el número de electores, colectivo al que se dirige la actividad electoral de las formaciones políticas, más que con el número de habitantes correspondientes a las poblaciones de derecho de las circunscripciones donde presente su candidatura cada formación política.

Sobre los límites en publicidad exterior y anuncios en prensa y radio de titularidad privada, el tribunal sugirió adaptarlos a los nuevos soportes de publicidad existentes como consecuencia de la introducción de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, entre los que cabe señalar la publicidad en prensa digital y otros usos en Internet.