Tribunal Cuentas
En concreto, reclaman 3,3 millones euros al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont; 2,5 al exvicepresidente Oriol Junqueras, y 1,8 al expresidente del Govern Artur Mas.
Hace un mes que la Fiscalía Provincial de Barcelona investiga si la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau adjudicó de forma presuntamente irregular ayudas recurrentes a sus ONG ideológicamente más afines. Ahora es el Tribunal de Cuentas quién investiga la concesión de subvenciones por parte del Gobierno local barcelonés a varias entidades afines a Colau.
Así consta en el informe de fiscalización de la contabilidad electoral de los partidos para aquellos comicios aprobado por el organismo fiscalizador que preside María José de la Fuente y de la Calle.
El Tribunal de Cuentas revoca la condena a la exalcaldesa de Madrid por la venta de 18 promociones de viviendas de la Empresa Municipal de Vivienda de Madrid al grupo societario Fidere, sociedad de inversión inmobiliaria del fondo Blackstone.
El Tribunal de Cuentas habla de "una serie de incidencias y debilidades en el procedimiento" cuyo origen es que el IMSERSO carece de potestad para que los criterios, instrucciones y procedimientos que emite para coordinar y homogeneizar la actuación de los órganos gestores tengan carácter vinculante.
El Tribunal de Cuentas y sus homólogos autonómicos unifican criterios de fiscalización para el control de los gastos electorales de los partidos ante las elecciones generales, autonómicas, municipales y europeas previstas para la primavera de este año.
El Tribunal de Cuentas no tiene constancia de que las sanciones se invirtieran en seguridad vial, como dice la normativa.
La nueva presidenta del Tribunal señala que el 76% de los entes locales presentó informes a tiempo en 2016.
El Tribunal de Cuentas se negó a dar su conformidad a la contabilidad de nueve partidos al detectar demasiadas incidencias, deficiencias y discrepancias que limitan de examen.
El Tribunal de Cuentas alerta de que el Comisionado de Marca España carece de normativa legal, fondos y medios.
A fin de cumplir con la fianza de 2,3 millones de euros que debía abonar por la organización de la consulta soberanista.
El Tribunal ve distintas deficiencias en la adjudicación de contratos, así como una ausencia de informes técnicos e irregularidades en las mesas de contratación.
Dice que las convocatorias de ayudas no cumplen con principios de concurrencia, igualdad y no discriminación previstos en la ley.
En el escrito presentado ante el Tribunal de Cuentas los abogados reclaman una prórroga para presentar un aval bancario o las tasaciones de los inmuebles.
En su 'Informe de Fiscalización de la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales, ejercicio 2015' acusa a estas organizaciones de diseñar el reparto de ayudas públicas con el fin de recibir los fondos.
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