Uno de cada cuatro entes públicos locales se niega a ser fiscalizado según el Tribunal de Cuentas

La presidenta del Tribunal de Cuentas, María José de la Fuente, ha alertado de la "insuficiente" fiscalización del sector público local, pues uno de cada cuatro entes se niega a presentar sus balances ante la institución.

En su último balance anual, el Tribunal recuerda que el sector público local es más numeroso en entidades que el estatal y el autonómico, pues engloba un conjunto cercano a las 11.600 entidades (excluidas las del País Vasco y Navarra), y en cambio es el que presenta un mayor nivel de incumplimiento de las exigencias de rendición de cuentas.

Según detalla, en 2018 sólo 7.034 entidades locales, lo que supone el 61% del total, llegaron a rendir cuentas en el plazo que les correspondía, un porcentaje similar al del ejercicio anterior. Pero, además, el pasado ejercicio acabó con un 25% de entidades locales sin someter sus datos a fiscalización, ya que sólo llegaron a presentar sus balances 8.731 entidades (el 75% del total).

PORCENTAJE "INSUFICIENTE" 

"De la rendición de las cuentas relativas al ejercicio 2017 por las entidades del sector público, que tuvo lugar en el ejercicio 2018, se constata la necesidad de seguir trabajando en su mejora, especialmente en el sector público local, donde aún resulta insuficiente", señala María José De la Fuente en el balance del ejercicio 2018, recogido por Europa Press.

A su juicio, "la rendición (de cuentas) no sólo constituye una obligación legal, sino un deber básico de los responsables públicos para hacer efectiva la necesaria transparencia de la gestión y posibilitar el control y la exigencia de responsabilidades, constituyendo su omisión un importante déficit democrático".

De la Fuente también destaca la labor de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal, que puede exigir responsabilidad económica a aquellas personas que se ocupan de gestionar o administrar bienes o fondos públicos si su gestión ha provocado daños sobre el patrimonio público.

Esta función, que es competencia exclusiva de la institución, también se ejerce sobre aquellas personas o entidades, públicas o privadas, que reciben subvenciones, créditos, avales u otras ayudas procedentes del sector público.

Según la presidenta, "los resultados de la tarea de recuperación de fondos públicos menoscabados han alcanzado un volumen significativo, tanto en lo que se refiere a las actas de liquidación provisional como a las condenas por responsabilidad contable".

En concreto, el año pasado la Sección de Enjuiciamiento dictó condenas por responsabilidad contable por importe de 64,67 millones de euros que, cuando se ejecuten, permitirán que ese dinero se reintegre en el erario publico. De la citada cantidad, 60,84 millones corresponden a sentencias en primera instancia, 3,78 millones en segunda y 44.799 euros a autos de sobreseimiento por reintegro.

LAS FASES DEL ENJUICIAMIENTO 

Además, el tribunal ha levantado actas de liquidación por un total de 12,48 millones de euros, de los que 9,57 millones corresponden al principal y 2,90 millones a intereses legales, según el balance de 2018 recogido por Europa Press.

Tras la detección de indicios de presuntas responsabilidades contables, durante 2018 la Sección de Enjuiciamiento tramitó un total de 287 diligencias preliminares, de las que casi la mitad (133), el 46,3%, surgieron de informes de fiscalización aprobados por el propio tribunal.

El resto tienen su origen en informes de los órganos de control externo de comunidades autónomas (58), de informes de otras Instituciones Públicas (57), de comunicaciones de acciones públicas (25) y sólo 14 de denuncias de particulares.

En cuanto a las 150 actuaciones previas tramitadas durante 2018 --de las que cuatro fueron devueltas--, casi la mitad (71) afectaron al sector público local, 48 al autonómico y 27 al estatal. Como consecuencia de las mismas se iniciaron 171 procedimientos de responsabilidad contable.