El Tribunal de Cuentas propone que los ayuntamientos no reciban fondos si no se dejan fiscalizar

El 76 por ciento de las entidades locales rindieron cuentas del ejercicio 2016 ante Tribunal de Cuentas, en lo que supone una mejora de tres puntos con respecto al año anterior, que se situó en el 73 por ciento. Pese a esta mejora, el Tribunal recomienda que el cumplimiento de esta obligación sea indispensable en todo el país para que ayuntamientos, cabildos o diputaciones puedan pedir ayudas y subvenciones.

Por regiones, Andalucía fue la comunidad autónoma con menor grado de rendición, con un 45 por ciento, mientras que Aragón y la Comunidad Valenciana registraron los mejores resultados con un 93 y 92 por ciento, respectivamente.

Así figura en el 'Informe de Fiscalización del Sector Público Local del Ejercicio 2016' presentado hoy ante la comisión parlamentaria que supervisa el trabajo del Tribunal de Cuentas por la nueva presidenta de este organismo, María José de la Fuente, en el que ha sido su estreno ante las Cortes.

De la Fuente fue designada por el nuevo gobierno en julio aunque es consejera del tribunal a propuesta del PP desde 2012; seis años después se ha convertido en la segunda mujer al frente del organismo fiscalizador.

En su informe sobre 2016, el Tribunal pone de manifiesto que el grado de cumplimento de las entidades locales ha mejorado en tres puntos, desde el 73 por ciento hasta el 76. Por comunidades, el informe señala a las entidades locales de Andalucía como las que registraron peor grado de cumplimiento con un 45 por ciento y destaca en el tren de cola a Murcia, Castilla-La Mancha y Cantabria con un 62, 65 y 69 por ciento, respectivamente.

En el lado contrario se encuentran las administraciones de Aragón y Comunidad Valenciana con un 93 y 92 por ciento, respectivamente, de cumplimiento con el Tribunal de Cuentas. También resalta que las entidades locales de La Rioja, Galicia, Canarias y Baleares alcanzaron un 87 por ciento de rendición.

La institución recalca que las incidencias identificadas en las cuentas de las entidades locales han bajado ostensiblemente, en total se comunicaron en 686 cuentas institucionales y de media seis fallos por cuenta.

DIPUTACIONES Y ÁREAS METROPOLITANAS LAS MAS CUMPLIDORAS

Con respecto a las entidades cabe subrayar el grado de cumplimiento de las diputaciones, 92 por ciento, y de áreas metropolitanas, 100 por ciento. Mientras que un 65 por ciento de ayuntamientos y el 75 por ciento de las comarcas rindieron ante el Tribunal de Cuentas.

En el otro extremo se encuentran agrupaciones de municipios y cabildos y consejos que solo cumplieron en un 21 y un 30 por ciento de los casos, respectivamente. Las mancomunidades, 46 por ciento, y las EATIM, (Entidad de ámbito territorial inferior al municipio), 54 por ciento, también registraron bajos grados de rendición.

MÁS ENTIDADES PRESENTAN EN PLAZO

Los datos señalados indican que los informes se presentaron, pero sin embargo una parte de las entidades lo hicieron con cierto retraso, con una media de 31 días tarde sobre la obligación legal. De hecho, fue el 61 por ciento de las entidades locales las que presentaron sus cuentas a tiempo, cinco puntos mejor que en 2015, cuando solo lo hicieron un 56 por ciento.

También constata el Tribunal de Cuentas que el 80 por ciento de los ayuntamientos, el 95 por ciento de las diputaciones provinciales y el 80 por ciento de los cabildos y consejos insulares cumplieron en la fecha indicada. Las mancomunidades y agrupaciones de municipios registraron el mayor retraso en la presentación de sus cuentas, solo el 56 por ciento y el 29 por ciento lo hicieron en tiempo.

RECOMENDACIONES

El Tribunal de Cuentas establece una serie de recomendaciones para que las entidades locales mejoren en su rendición de cuentas. Llama en un primer lugar a homogeneizar las normativas estatal y autonómica sobre plazos de rendición ya que genera divergencia en cuanto al plazo de presentación.

Igualmente, sugiere que se regulen plazos de presentación de cuentas más breves para aproximar la rendición de cuentas y facilitar el control a la gestión a la que hacen referencia.

Por otro lado, el documento recomienda promover reformas legales para que la rendición de cuentas sea requisito indispensable en todo el país para el acceso de las entidades a ayudas y subvenciones. Constata que en las regiones donde se ha establecido esta medida se han registrado efectos "muy favorables".