martes, 30 de noviembre de 2021 04:44
Sociedad

La DGT y los examinadores fijan los servicios mínimos para la próxima huelga

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Examen práctico de conducir


La Dirección General de Tráfico (DGT) se reúne este martes con el Comité de Huelga  del colectivo examinador para decretar servicios mínimos a la huelga en diciembre y que ya dura más de cuatro meses desde que arrancó el pasado mes de junio.


La Asociación de Examinadores de Tráfico (Asextra) indica que, según la convocatoria del organismo, el encuentro abordará, en un principio, este tema.


El director general de Tráfico, Gregorio Serrano, ya avanzó la semana pasada que la DGT decretaría un 50% de servicios mínimos en caso de que los trabajadores prolongaran la huelga a diciembre. Al día siguiente, el colectivo presentó la documentación para la convocatoria de nuevos paros en este último mes del año, los cuales se producirán todos los lunes, martes y miércoles, fórmula que se ha estado repitiendo desde el 19 de junio.


Según aseguró en declaraciones a Europa Press el presidente de Asextra, Joaquín Jiménez, en caso de que estos servicios mínimos se autoricen finalmente, los recurrirán ante los tribunales, ya que la legislación no considera el servicio que prestan los examinadores de tráfico una actividad "esencial", por lo que no estaría regulado la imposición de servicios mínimos. En todo caso, el colectivo pidió que, por "respeto", la negociación de servicios mínimos tendría que pactarse con el Comité de Huelga.


Según datos de la DGT, la huelga ha ocasionado el aplazamiento de unos 194.000 exámenes prácticos de conducir desde el inicio de la huelga, sin incidencia en las pruebas teóricas. No obstante, el viernes pasado, la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE), reunida en Jerez de la Frontera (Cádiz), cifró en 200.000 el número de pruebas que se han suspendido, que para el sector supone "más de un millón de horas perdidas, 100.000 permisos menos expedidos y el cierre de numerosas autoescuelas", así como pérdidas valoradas en 80 millones de euros para el sector.


Asimismo, para solucionar el conflicto propusieron un nuevo modelo de gestión del sistema de exámenes o transferir a las comunidades autónomas esta gestión.

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