El PP quiere poner freno a la impunidad que da el anonimato en las redes sociales

El PP ha registrado este martes en el Congreso su anunciada iniciativa para frenar la comisión de ataques o directamente de delitos que, amparándose en la "impunidad del anonimato", cometen algunos usuarios de redes sociales. En concreto, plantea que se fuerce a quien se abra una cuenta en estas plataformas a registrarse con su "identidad administrativa real".

Así lo ha explicado en una rueda de prensa en el Congreso, el portavoz del Grupo Popular, Rafael Hernando, quien ha mostrado su deseo de que el resto de grupos dé su apoyo a esta iniciativa que su grupo decidió impulsar el pasado mes de noviembre tras el ataque recibido en Internet por la secretaria primera de la Mesa del Congreso, Alicia Sánchez Camacho, a quien un tuitero le escribió: "A tí te tendría que haber encontrado 'La manada'".

Hernando ha recordado que cuando se empezó a implantar la telefonía móvil en España cualquier podía hacerse con un número sin necesidad de registrarse, pero que después la ley se cambió y desde entonces todo el mundo tiene que dar su DNI para tener una línea.

Ahora el PP quiere hacer lo mismo con quien se abra una cuenta en una red social. En concreto, en su proposición no de ley insta al Gobierno a arbitrar medidas para que los proveedores de este tipo de servicios en Internet "requieran la identificación de los usuarios, mediante su identidad administrativa real, de forma previa a la utilización de dichos servicios".

UN REGISTRO CONTRA EL DELITO

"Queremos que haya un registro que sirva para prevenir la comisión de estos delitos", ha enfatizado al dirigente 'popular' quien ha avanzado que, de aplicarse sus propuestas, los usuarios tendrán que identificarse pero podrán seguir utilizando alias o apodos en las redes o incluso abrirse varios perfiles.

En concreto, el texto registrado habla de "acabar definitivamente con la impunidad del anonimato en Internet, en caso de un posible delito, y modificar las leyes para restringir y limitar el acceso a la Red a todos los que las incumplan".

Otro de los objetivos de la iniciativa de los 'populares' es "proteger la identidad digital de los usuarios" y evitar que se puedan crear perfiles falsos o utilizar los de otras personas para atacar o socavar el prestigio de un tercero.

La iniciativa del PP emplaza al Gobierno implantar "en la interacción de personas físicas y jurídicas en Internet", los mecanismos necesarios para proteger la identidad digital del usuario "contra el uso fraudulento de sus datos personales".

También persigue la elaboración de un plan integral de seguridad y buenas prácticas en la Red que incluya la formación de usuarios con el objetivo de evitar las consecuencias negativas de suplantación de identidad, el acoso en la red y otras amenazas.

PROTOCOLOS DE COLABORACIÓN

En la misma línea, el PP plantea se creen protocolos de colaboración eficaces entre las empresas proveedoras de infraestructuras y servicios de Internet y la Administración de Justicia para facilitar la actuación de jueces, fiscales y fuerzas de seguridad y para el cumplimiento de las resoluciones judiciales.

De hecho, el último punto de la iniciativa presentada por Hernando, emplaza al Ejecutivo a tomar las medidas pertinentes para que las acciones delictivas que se realizan en las redes sean perseguidas con "la misma eficacia y agilidad" que las que se producen fuera de ella.

'PROTEGER INTERNET DE LOS POLÍTICOS'

Por su parte, la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) ha tachado de "gravísima" la iniciativa presentada por el PP:

"La ciudadanía no necesita que se la proteja de Internet. Pero Internet sí necesita ser protegida de los políticos", ha defendido.

Para la PDLI, esta iniciativa es "un ataque muy grave a Derechos Fundamentales, en particular a la libertad de expresión y la libertad ideológica, que deben estar garantizados y protegidos independientemente del canal en el que se expresen, tal como Naciones Unidas ha declarado en repetidas ocasiones y de forma específica sobre el derecho al anonimato en Internet".

En este sentido, la Plataforma ha advertido de que "cualquier ley que intentase plasmar las propuestas de esta iniciativa (como acabar con el anonimato de Internet haciendo obligatoria la identificación para el acceso a cualquier servicio de Internet o "restringir o limitar el acceso a la red a todos aquellos que [lo] incumplan") sería con toda probabilidad inconstitucional".

Finalmente, considera que "no responde a ninguna demanda social ni tampoco a una necesidad jurídica, pues los poderes públicos disponen de mecanismos suficientes dentro de su ámbito de actuación para perseguir los delitos en Internet, incluso de forma desproporcionada como sentencias recientes contra tuiteros han puesto en evidencia".