miércoles, 23 de agosto de 2017 08:27
Opinión

El Estado de Bienestar: un poco de Historia

Javier Barranco Sainz
Javier Barranco Sainz

El mantenimiento y fortalecimiento de los beneficios que se derivan del término "Estado de Bienestar" se han convertido en argumentarios electorales de todos los partidos políticos, en especial cuando se acercan unos comicios electorales. Incluso llegan a ser auténticas armas arrojadizas contra el competidor .

El mantenimiento y fortalecimiento de los beneficios que se derivan del término " Estado de Bienestar" se han convertido en argumentarios electorales de todos los partidos políticos, en especial cuando se acercan unos comicios electorales. Incluso llegan a ser auténticas armas arrojadizas contra el competidor .

El concepto de Estado de Bienestar se desarrolló en Europa en el período comprendido entre el final de la 2ª Guerra Mundial y los primeros años de la década de 1.970, período que el historiador marxista británico, de origen judío, Eric Hobsbawn denominó "Edad de Oro".

Durante esta etapa se pretendió implantar, en Occidente, un nuevo capitalismo que estaba en función de la expansión del sistema crediticio y cuyo objetivo consistía en evitar o controlar, en lo posible, cualquier crisis que se produjera de características similares a la originada en USA en los años treinta.

Fue, sin duda, uno de los grandes logros de la civilización europea y una consecuencia de la teoría económica de Keynes que indicaba que "era posible, por métodos democráticos y sin alterar los fundamentos de la Economía, llegar a la supresión del desempleo, aumentando la capacidad adquisitiva de las masas mediante el incremento de la producción. Y todo ello a través del aumento de la intervención del Estado en la Economía y del mantenimiento de la propiedad privada".

La implantación por los gobiernos, principalmente los de signo socialista o socialdemócrata, de las políticas keynesianas, provocó un incremento del gasto público, en especial de aquel que estaba destinado al gasto social: prestaciones por desempleo, sanidad, educación, etc.

Esto dio lugar al concepto de Estado de Bienestar que consistía en un modelo de Estado que asumía la responsabilidad primaria del bienestar de los ciudadanos, asegurando, de manera universal, la protección social de los mismos.

El fin principal del Estado de Bienestar era reducir, por medio de leyes de fuerte contenido social, las desigualdades existentes entre los distintos colectivos que conforman la Sociedad y garantizar a los ciudadanos la solución de determinadas contingencias básicas.

La aplicación práctica de este modelo no ha sido homogénea, habiéndose dado variaciones al mismo que han oscilado desde el modelo "nórdico" en el que, partiendo de una rígida regulación salarial, ofertaba políticas solidarias universales e igualitarias, hasta el "neoliberal" en el que la intervención estatal se producía sólo cuando fallaban los mecanismos propios del mercado.

Esta concepción del Estado, generosa en una época de bonanza económica, indujo a los ciudadanos a pensar que estos beneficios sociales eran permanentes y de derecho universal por el hecho de ser ciudadanos.

Y lo fueron hasta que se produjo la gran crisis económica de la segunda mitad del siglo pasado, el denominado "shock del petróleo" de los años setenta, causante de unas consecuencias que hoy, todavía, se están padeciendo.

Una de ellas fue la disminución de recursos disponibles por parte de la Administración y la reducción, por ello, de las partidas dedicadas a la protección social.

El efecto que causó en los ciudadanos esta pérdida de "derechos" fue tal que provocó una reacción colectiva negativa hacia las instituciones, así como una importante crisis de autoridad originada, en parte, por la pérdida de confianza en las clases políticas.

Los propios gobiernos se ven obligados a reorientar su papel hacia un modelo de Estado menos intervencionista, reservando su actuación social sólo para aquellas situaciones excepcionales de extrema necesidad.

Era la aplicación interesada de la doctrina de Lord Beveridge en el sentido de que "el nivel mínimo (de protección social) que garantice el Estado de Bienestar, debe dejar un margen de actuación voluntaria al propio individuo para mejorar las prestaciones sociales para sí mismo y para su familia".

La realidad de esta "crisis de lo público" es que el Estado, basándose en conceptos economicistas tales como la eficacia del sector privado, decide que algunos servicios públicos que ofrecía por obligatoriedad, deberían regirse por las leyes del mercado, siendo la iniciativa privada la que se encargara de su gestión.

Estamos ante lo que ha venido denominándose " crisis del Estado de Bienestar" de la que hablaremos en el próximo artículo.

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