El Gobierno defiende la autonomía de la RAE, pero el PSOE solicita incorporar “antigitanismo” al Diccionario

La controversia evidencia la tensión entre la defensa de la independencia académica y la presión política por adaptar la lengua a nuevas realidades sociales.

La RAE, una institución histórica con independencia garantizada

La Real Academia Española (RAE), fundada en 1713, es reconocida como la autoridad máxima sobre la lengua española. Su autonomía, confirmada en múltiples marcos legales, la convierte en una entidad “sui generis” que actúa al margen de la administración estatal en sus decisiones lingüísticas, económicas y de gobierno interno.

El Gobierno ha recalcado que, aunque la RAE depende formalmente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, la institución goza de capacidad de decisión plena, protegida por el Real Decreto 1109/1993 y su Reglamento interno de 2014. Según fuentes oficiales:

“Las Reales Academias y el Instituto de España gozan de total autonomía, y la Administración carece de capacidad para dictar cualquier tipo de instrucción”.

Esta independencia implica que ni siquiera la elección del director de la RAE puede ser influida por el Ejecutivo, lo que garantiza la neutralidad científica y lingüística de la institución.

La iniciativa del PSOE: reconocimiento del “antigitanismo”

El PSOE, sin contradecir la autonomía de la RAE, ha registrado una proposición no de ley (PNL) en el Congreso para solicitar que la Academia incorpore el término “antigitanismo” en el Diccionario de la lengua española.

El grupo socialista argumenta que este término representa “una forma específica y diferenciada de racismo, prejuicio o discriminación” dirigida hacia las personas gitanas, y que actualmente no está recogido oficialmente, pese a su creciente uso social y académico.

“Pese a su creciente uso y reconocimiento social, el término antigitanismo no figura actualmente en el Diccionario de la lengua española, lo cual representa una carencia significativa en el reconocimiento lingüístico de una realidad social y discriminatoria”, explican los socialistas.

La propuesta busca que la RAE reconozca el uso extendido y legitimado del término en ámbitos académicos, jurídicos e institucionales, fomentando la sensibilización lingüística y social frente a esta forma de discriminación.

Autonomía versus presión política: un equilibrio delicado

Este debate refleja un equilibrio complejo entre la independencia de las instituciones académicas y las demandas de la sociedad. Mientras el Gobierno defiende que no puede intervenir directamente en las decisiones de la RAE, los partidos políticos pueden utilizar mecanismos parlamentarios para influir indirectamente en la evolución del lenguaje, promoviendo la inclusión de términos que reflejen la realidad social.

Expertos consultados recuerdan que la lengua es un instrumento vivo, que debe adaptarse a nuevas necesidades de reconocimiento social, sin que ello suponga vulnerar la autonomía de la academia.

“Es legítimo que los parlamentos propongan términos o modificaciones lingüísticas, pero la decisión final recae en la RAE, que garantiza criterios académicos y científicos”, explica la lingüista Carmen Muñoz, profesora de la Universidad Complutense de Madrid.

Contexto histórico: la RAE y la actualización del diccionario

A lo largo de su historia, la RAE ha incorporado numerosos términos que reflejan cambios culturales, sociales y políticos. Desde palabras relacionadas con la tecnología hasta conceptos de género y diversidad, la institución ha adaptado el diccionario para reflejar la evolución de la sociedad española y global.

La inclusión de términos como “feminicidio”, “memes” o “criptomoneda” demuestra que la RAE no permanece estática, sino que incorpora cambios cuando su uso se vuelve generalizado y socialmente relevante. En este sentido, el término “antigitanismo” podría ser un paso más en la visibilización de realidades históricamente invisibilizadas.

Impacto social y educativo

La incorporación del término “antigitanismo” tendría un impacto directo en educación, medios de comunicación y el ámbito jurídico, ya que permitiría que esta forma de discriminación se reconociera formalmente en distintos contextos. Esto contribuiría a promover la igualdad y la sensibilización, reforzando la lucha contra la exclusión social de comunidades gitanas y minorías étnicas.

Además, el debate subraya la necesidad de que los ciudadanos comprendan la relación entre lengua, poder y sociedad, reconociendo que las palabras no solo comunican, sino que también legitiman o invisibilizan realidades sociales.

La posición del Gobierno y el PSOE

El Ejecutivo, presidido por el PSOE, mantiene una postura clara: defensa de la independencia académica de la RAE, al tiempo que respeta la capacidad parlamentaria de los grupos políticos para proponer cambios que reflejen nuevas realidades sociales.

Por su parte, el PSOE argumenta que esta medida no contradice la autonomía de la RAE, sino que es un ejemplo de cómo la política puede promover la inclusión y la visibilidad social sin vulnerar instituciones históricas.

“El Gobierno no interfiere en la RAE, pero sí puede respaldar iniciativas que reconozcan la diversidad y la igualdad en la lengua”, señalan fuentes socialistas.

Conclusión editorial

La combinación de estos dos movimientos –defensa de la autonomía y presión política por la inclusión– refleja un momento clave en la relación entre cultura, política y sociedad. La RAE se reafirma como guardiana del español, mientras que el Parlamento promueve un debate sobre cómo la lengua puede adaptarse a las necesidades sociales actuales, especialmente en la lucha contra la discriminación.

El término “antigitanismo” no solo es un ejemplo de reconocimiento lingüístico, sino también de la capacidad de la política y la sociedad para influir en la evolución del idioma de manera ética y consensuada.