El gran inconveniente que tiene España para organizar el Mundial 2030: el racismo

El fútbol en España tiene un serio problema, a tenor de los acontecimientos que tuvieron lugar al final de la temporada pasada en LaLiga Santander, cuando algunos aficionados gritaron "mono" a Vinicius Jr. en el estadio de Mestalla. El mundo entero se hizo eco de esta noticia y la imagen de España quedó dañada de cara al acogimiento del futuro Mundial 2030. 

Recientemente, los dirigentes de la FIFA han transmitido al Gobierno su preocupación en torno a la cuestión del racismo durante conversaciones relacionadas con el caso Rubiales. Este organismo internacional considera que el racismo representa el principal obstáculo para que España pueda organizar el Mundial de 2030.

Además de la controversia y las implicaciones derivadas del caso Rubiales, que ya de por sí tienen un profundo impacto, con una amplia respuesta por parte de la sociedad y la rápida acción de la FIFA para destituir al presidente de la Federación Española de Fútbol, se encuentra también el hecho de que la candidatura conjunta de España, Portugal y Marruecos para albergar la Copa del Mundo de fútbol masculino en 2030 podría ver disminuir sus posibilidades.

EL RACISMO EN ESPAÑA

Directivos de la FIFA han resaltado los desafíos a los que se enfrentan al tratar de sancionar incidentes xenófobos en el contexto del deporte en España. En particular, se ha señalado la dificultad en el ámbito legal.
 

Critican que instituciones como La Liga, la Real Federación Española de Fútbol y el Gobierno tienen a su disposición los mecanismos disciplinarios necesarios para abordar con la debida firmeza este tipo de incidentes, pero lamentablemente no se toman medidas concretas al respecto.

Expresan su pesar por la falta de colaboración entre la Federación y LaLiga, lo que complica la creación de un protocolo conjunto para abordar este problema. Por lo tanto, consideran que sería fundamental que esta cuestión se eleve a niveles superiores, apuntando directamente hacia el Ejecutivo como responsable de tomar medidas decisivas.

SIN MEDIDAS EJEMPLARES

En el pasado han habido numerosos accidentes relacionados con el racismo en el que no se ha cancelado ningún partido por los cánticos. Por ejemplo, en 2022 el jugador del Athletic Nico Williams recibió insultos racistas contra el Betis, pero no "sobrepasaron la línea de la infracción penal", según la Fiscalía de Sevilla. 

Mouctar Diakhaby, el jugador del Valencia, también denunció insultos por parte de Juan Cala, futbolista del Cádiz. Según él, el rival le llamó "negro de mierda" y tanto él como sus compañeros se fueron del terreno de juego durante 20 minutos. No obstante, tuvieron que volver ante la advertencia del árbitro a una "sanción excesiva" contra el club. 

La legislación que aborda la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte contempla diversos grados de suspensión de un partido en caso de que ocurran incidentes relacionados con comportamientos violentos, racistas o discriminatorios por parte del público durante su transcurso. En este contexto, la autoridad encargada de tomar la decisión de "suspensión provisional" con el objetivo de "restablecer la legalidad" es el árbitro.

La regulación también establece que, si la situación persiste, se puede tomar la medida de desalojar la tribuna o una parte de ella donde se hayan originado los incidentes, permitiendo luego la continuación del partido. Asimismo, se contempla la posibilidad de cancelar definitivamente el encuentro, decisión que recae en el árbitro después de consultar con el coordinador de seguridad.

Para tomar cualquiera de estas determinaciones, el árbitro debe evaluar la gravedad de los incidentes, considerar las posibles repercusiones que la orden de desalojo podría tener en el público y sopesar la importancia de garantizar el desarrollo adecuado de la competición.

¿Y LOS PROTOCOLOS?

La responsabilidad de tomar esta decisión recae en el árbitro, según lo establecido por la legislación. No obstante, la normativa que regula la violencia en el deporte, aprobada en 2008, incluía la necesidad de desarrollar un protocolo de actuación para definir de manera más concreta cómo aplicarla. Esta tarea estaba en manos de la Comisión Antiviolencia.

Sin embargo, los protocolos existentes no ofrecen una claridad suficiente en cuanto a los posibles efectos de esta determinación. En realidad, la carencia de protocolos nítidos establecidos por LaLiga en respuesta a actos racistas en el campo es, según los expertos, una parte significativa del problema.