martes, 26 de mayo de 2026 18:35

Economía

Bruselas expedienta a España por imponer controles a profesionales que prestan servicios ocasionales

La Comisión Europea ha abierto expediente a España y otros 21 Estados miembro por imponer controles injustificados a los profesionales que desean prestar servicios temporales y ocasionales y les insta a reducir estas cargas para cumplir con las normas comunitarias al respecto.
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Archivo - Imagen de una calculadora.

La Comisión Europea ha abierto expediente a España y otros 21 Estados miembro por imponer controles injustificados a los profesionales que desean prestar servicios temporales y ocasionales y les insta a reducir estas cargas para cumplir con las normas comunitarias al respecto.

En concreto, Bruselas ha iniciado un procedimiento de infracción a Austria, Alemania, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, República Checa, Rumanía y Suecia por incumplimiento de la directiva sobre cualificaciones profesionales.

Estas normas facilitan a los profesionales la prestación temporal y ocasional de sus servicios en distintos Estados miembro, al tiempo que garantizan la protección de los consumidores y los ciudadanos.

Excepcionalmente, en el caso de las profesiones con implicaciones para la salud y la seguridad públicas, los Estados miembro pueden comprobar las cualificaciones antes de permitir la prestación de servicios, aunque estos pueden retrasar considerablemente el inicio de las actividades, por lo que solo pueden imponerse en condiciones estrictas, en particular, cuando la falta de cualificaciones pueda provocar daños graves para la salud o la seguridad del destinatario del servicio.

La Comisión considera que estos 22 Estados miembro exigen controles previos de forma injustificada para varias profesiones que no cumplen las condiciones en las que se permiten dichos controles y ha centrado esta medida de ejecución en tres ámbitos de especial importancia: la construcción, el transporte y los servicios a las empresas.

Ahora, las capitales deberán remitir una respuesta a Bruselas, que, a falta de una respuesta satisfactoria, puede amenazarlas con elevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

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