Rodríguez pide a PP y Vox que los 7.000 millones del Plan Estatal de Vivienda no acaben "en un escándalo"

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha pedido a Vox que, en los pactos que haga con el PP, se encargue de condicionar que los 7.000 millones de euros repartidos entre las comunidades autónomas en el Plan Estatal de Vivienda "no acaben en un escándalo como en el caso de Alicante", donde las viviendas de protección oficial (VPO) "se repartieron entre los concejales del PP".

Rodríguez ha sido cuestionada este martes en el pleno del Senado por la senadora del grupo mixto, de Vox, Paloma Gómez, quién ha preguntado cuándo dejará el Gobierno de priorizar a los extranjeros en materia de vivienda protegida ante "una emergencia habitacional sin precedentes", y ha reclamado "prioridad nacional" en el acceso a la vivienda pública.

La ministra ha indicado que Gómez no ha hecho referencia a esos extranjeros que "sí están machacando" el acceso a la vivienda de las personas que viven en España, que son aquellos que "han venido aquí a comprarse barrios enteros expulsando a los españoles".

Así, ha indicado que lo que necesita España para solucionar el problema de la vivienda "no son discursos racistas", sino propuestas concretas, que es "lo que está haciendo el Gobierno", mencionando el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, aprobado la semana pasada, que cuenta con 7.000 millones de euros a repartir entre las comunidades autónomas para construir vivienda pública y asequible.

En este sentido, ha indicado que estas viviendas estarán destinadas a quienes "más lo necesiten" y a quienes "trabajan". "Pero es que en este país trabajamos los que cuentan con nacionalidad española y otros que han venido aquí también a levantar España con nosotros", ha recalcado.

Con todo, le ha recordado que la máxima competencia en materia de vivienda reside en las comunidades autónomas y, ya que en Vox "son muy influyentes" en los pactos de gobierno autonómicos, ha animado a que se marquen como máxima prioridad la congelación de los precios del alquiler, que los fondos 'buitre' dejen de comprar viviendas y que se persigan los alquileres turísticos ilegales en los pactos por el PP.