Parlament balear convalida el decreto turístico que reactiva intercambio de plazas con rechazo de la izquierda

El pleno del Parlament ha convalidado este martes el decreto ley de turismo, pactado entre PP y Vox, con 33 votos a favor de estos dos grupos y el rechazo total de la izquierda que critica un incremento de plazas turísticas que el Govern asegura que no se producirá.

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, ha defendido la importancia del decreto que, a su parecer, es fruto de una "escucha profunda, un trabajo intenso y un diálogo real". "No se trata de frenar, sino de corregir rumbos", ha apuntado.

El decreto, llamado "de medidas de contra la oferta ilegal, de medidas transitorias para la oferta, y por la calidad turística de Baleares", sin emplear el término contención, incluye, entre otras medidas, la reactivación del intercambio de plazas turísticas sin que, según ha insistido en varias ocasiones el conseller, esto suponga crear nuevas plazas turísticas.

"Lo repito, porque se ha dicho lo contrario con mucha ligereza, no supone la creación de ni una plaza más, quien diga lo contrario o no ha leído la norma o pretende confundir deliberadamente", ha subrayado.

El decreto contempla la prohibición de plazas de alojamientos turísticos en viviendas plurifamiliares en el conjunto del archipiélago y, para las ya existentes que quieran renovar la licencia, trámite que se hace cada cinco años, se elevan las exigencias de calidad.

Con la entrada en vigor del decreto se levanta la moratoria de plazas de manera temporal a la espera de que los consells insulares fijen su techo de plazas.

En cuanto a la lucha contra la oferta turística ilegal, Bauzà ha puesto en valor que se han aumentado un 25 por ciento las sanciones, hasta 500.000 euros, así como la corresponsabilidad de las plataformas digitales, una medida "clave y pionera"".

El conseller ha justificado el uso de la figura del decreto ley argumentando que era necesaria una "respuesta urgente que no podía esperar más".

La diputada del PP María Salomé Cabrera ha apuntado que es prioritario establecer medidas para una buena conviviencia entre residentes y visitantes y ha reprochado al PSIB el "crecimiento de 115.000 plazas turísticas, el descontrol de la oferta ilegal".

Los ocho años de Govern anteriores, a su juicio, fueron de "cero medidas de reconversión" y, por ello, "es necesario gestionar, contener y volver a los criterios de calidad y excelencia".

VOX SACA PECHO DEL ACUERDO
La diputada de Vox Manuela Cañadas ha reivindicado el papel de su formación en el decreto ley, destacando que el texto actual ha cambiado "afortunadamente" gracias a Vox ya que el decreto inicial, a su parecer, incluya medidas intervencionaistas, restricciones encubiertas y una subida del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS).

"Gracias a Vox el turismo no solo se defiende, sino que se protege, se impulsa y se respeta", ha resaltado Cañadas, quien ha celebrado que el decreto no "imponga la corriente turismofóbica de la izquierda".

La portavoz de los de Santiago Abascal ha puesto en valor que no se incluya el aumento del ITS anunciado por el Govern en un primer momento y que "por fin" se proporcionen medios y recursos a la inspección para actuar contra la oferta turística ilegal.

LA IZQUIERDA RECHAZA TOTALMENTE EL DECRETO
Los grupos de la oposición han votado en contra de la convalidación del decreto al rechazar totalmente las medidas que incluye la norma y considerar que no son medidas "valientes" y que "sí implica crecer en plazas turísticas".

El socialista Iago Negueruela ha señalado que el Ejecutivo "ha jugado a hacer creer a la gente que se iba a hacer lo que decían" aunque la norma que se ha convalidado no incluye "lo que dijo Prohens hace siete meses". "Solo son capaces de construir falacias y de trabajar para unos cuantos concretos", ha agregado.

"Bauzà dice no quiere una política de titulares, dígaselo a la presidenta que hace siete meses que lo hace", ha criticado, arremetiendo contra el Govern por no incluir medidas anunciadas, como el incremento del ITS.

Para Negueruela, el conseller no intentó negociar con los otros grupos y pactó "una cosa nueva" con Vox. "Han quitado la moratoria, la reducción de plazas en reforma, la posibilidad de que 90.000 se fuesen extinguiendo, han quitado el 2x1 para decrecer. Todo lo que había de valiente lo han quitado", ha aseverado.

En esta línea, el diputado de MÉS per Mallorca Lluís Apesteguia ha rechazado el uso del decreto ley para aprobar estas medidas, considerando que no está justificado. Sobre esta cuestión, el diputado menorquinista, Josep Castells, ha asegurado que ninguno de los argumentos del conseller "justifican el uso del decreto" ya que no hay nada que esté sometido a "la condición de urgente y extraordinaria necesidad".

En cuanto a las medidas concretas, Apesteguia ha criticado que el decreto permitirá que "más de 100.000 plazas adquiridas con excepción y sin acudir a la bolsa queden consolidadas" y, además, que se pueda hacer negocio con ellas. Unas plazas que, ha señalado, tenían que desaparecer.

También ha rechazado una disposición adicional hecha "específicamente" para "permitir seguir gentrificando esta tierra", en referencia a 500 plazas que se permiten en edificios que tengan algún tipo de protección patrimonial.

"No puede decir que no tuvo manos tendidas para negociar según que aspectos, lo que han hecho es elegir a sus socios", ha recriminado al conseller. El diputado menorquinista también ha criticado a Bauzà en este sentido, agregando que Més per Menorca tendió la mano y que lo que se ha hecho es "una cortina de humo".

Según Castells, el decreto "consolida el modelo de masificación". "Se tapan los ojos y continúan adelante con este modelo", ha subrayado.

Por su parte, la diputada de Unidas Podemos, Cristina Gómez, ha lamentado que se perderán "muchísimas plazas residenciales" con el las medidas relacionadas con el alquiler turístico.

"Gente que no había pagado un euro por su futura plaza de alquiler turístico, ahora resulta que ya puede intercambiar, que ya puede cobrar", ha dicho. Esto supone, ha criticado, "que el Govern favorezca plusvalías a personas concretas".