El Congreso aprueba mañana la Ley de Navegación Aérea que incluye las subvenciones a los vuelos insulares

El Pleno del Congreso de los Diputados aprobará este jueves el proyecto de ley sobre Navegación Aérea que incluye, entre otros puntos, una partida de 319 millones de euros para poner al día la deuda que el Gobierno tiene con las aerolíneas por el descuento en los vuelos a residente de ciudades insulares.

La ley superó su trámite en la Comisión de Transportes con la abstención del PP y el único rechazo de Vox, por lo que si no se producen sorpresas la Cámara elevará la norma al Senado donde procederá con la misma tramitación de ponencia, comisión y pleno.

Uno de los asuntos más relevantes de este proyecto es la aportación que se ha incluido vía enmienda para poner al día el abono de las cantidades reclamadas por las aerolíneas por las bonificaciones en el precio de los billetes que pagan a la ciudadanía de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla.

Sin embargo, desde la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) apuntan que esos 319 millones que incluye la ley "alivirían" el problema, pero no lo resolvería por completo, pues estiman que la partida que en un principio estaba incluida en los Presupuestos prorrogados de 2023 debería rondar los 1.500 millones de euros.

El PP registró una enmienda para conceder 1.200 millones a las aerolíneas para compensar la deuda, pero el Gobierno decidió vetarla por motivos presupuestarios acogiéndose a su potestad constitucional.

LOS AVIONES ABANDONADOS, A LOS MUSEOS
Otro punto que incluye esta norma es un acuerdo para que los más de 90 aviones y aeronaves abandonados en los aeropuertos de Aena puedan trasladarse a instituciones edcuativas, culturales o sin ánimo de lucro, o bien subastarse en beneficio del Estado.

La ley establece que si la aeronave o sus restos no pudieran conservarse, el material podrá ser ofrecido a instituciones educativas, culturales o sin ánimo de lucro que acrediten vinculación con el ámbito aeronáutico, previa emisión de un informe por parte de Avación Civil sobre su estado y viabilidad de uso.

Dichas instituciones tendrán un plazo de veinte días para solicitar la adjudicación. Si, transcurrido ese plazo, no manifiestan interés, la aeronave o sus restos podrán ser subastados, y el producto de la venta se destinará en beneficio del Estado.