CSIF plantea a CCOO y UGT una gran movilización para que el Gobierno suba los sueldos de los funcionarios

Pide multas "ejemplares" por la temporalidad, que sigue "estancada" por encima del 30% pese a los procesos de estabilización

El presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Miguel Borra, ha propuesto este jueves a CCOO y UGT hacer un frente común para organizar una gran protesta en toda España con el objetivo de que el Gobierno se siente a negociar la subida salarial de este año para los funcionarios y abone el 0,5% pendiente correspondiente a 2024.

"Estamos a 8 de mayo y al contrario que la inmensa mayoría de los españoles, los trabajadores de las administraciones públicas seguimos con nuestros sueldos congelados y todavía se nos debe el 0,5% de subida desde el año pasado", ha denunciado Borra en rueda de prensa.

En total, CSIF calcula que el Gobierno adeuda al conjunto de empleados públicos una media de 1.200 millones de euros en concepto de atrasos y por la evolución del IPC.

El sindicato entiende que el Gobierno debe aprobar por decreto la subida salarial pendiente, tal y como hizo en 2020 y 2024, y próximamente realizará una petición formal al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante la "inacción" del ministro de Función Pública, Óscar López.

Junto al problema de los salarios, el presidente de CSIF ha denunciado la inestabilidad laboral y la alta temporalidad de las plantillas públicas, cada vez más envejecidas. Además, ha recordado que, según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), las AAPP perdieron 92.000 trabajadores durante el primer trimestre, "la mayor destrucción de empleo de la serie histórica".

En lo que respecta a la temporalidad, los datos del sector público son, para Borra, "demoledores". Por ese motivo, la Unión Europea ya ha abierto a España dos expedientes sancionadores que pueden culminar con una multa multimillonaria", ha advertido.

Además, ha argumentado que más del 60% de los empleados públicos tienen más de 50 años y que en la próxima década se podrían jubilar cerca del 30% de los empleados de la Administración General del Estado. "Esto supondría un colapso en servicios fundamentales para los ciudadanos, como el SEPE o la Seguridad Social", ha alertado.

Además, Borra ha denunciado que se ha retrasado el derecho a la jubilación anticipada de los empleados públicos, al tiempo que ha instado al Gobierno a generalizar la jornada de 35 horas semanales en las Administraciones Públicas.

Frente a todas estas demandas, Borra se ha quejado de que el Gobierno "no está haciendo nada". "Seguimos sin presupuestos, sin oferta de empleo público y con una tasa de reposición que impide reforzar las plantillas", ha lamentado.

Por todo ello, el presidente de CSIF ha anunciado que esta misma mañana se pondrá en contacto con CCOO y UGT para preparar una protesta conjunta en toda España.

Además, CSIF propondrá a los grupos parlamentarios impulsar una proposición de ley para que los salarios de los empleados públicos se revaloricen automáticamente cada año conforme al IPC, como sucede con las pensiones, más el porcentaje adicional que se determine en la negociación.

LA TEMPORALIDAD EN LAS AAPP SUPERA EL 35%
Durante la rueda de prensa, CSIF ha presentado un informe sobre la evolución de la temporalidad en el sector público, que continúa "estancada" por encima del 30%, concretamente en el 35,5%. Este porcentaje supera "ampliamente "el límite acordado con Bruselas y recogido en la ley de Estabilización del Sector Público de 2021, del 8% para finales de 2024.

"Más de 330.000 empleados públicos han adquirido la fijeza en la Administración, pero el resultado de la aplicación de esta ley, para CSIF, no es satisfactorio, ya que la temporalidad sigue estando por encima del 8%", ha argumentado Francisco Lama, secretario de Acción Sindical de CSIF.

Esta ley, ha recordado, dotaba a las administraciones de medidas para acabar con la temporalidad y tenía el mandato imperativo de situar a fecha de 31 de diciembre de 2024 una tasa de temporalidad inferior al 8%. "Y esto no ha ocurrido porque se ha incumplido por las distintas administraciones", ha denunciado Lama.

Para CSIF, esta tasa de temporalidad del 35,5% evidencia "el fracaso de los procesos de estabilización que el Gobierno ha promovido desde 2021", cuando promulgó la ley para reducir la temporalidad en todas las administraciones públicas.

Según datos del Ministerio de Función Pública consultados por el sindicato, en los últimos cuatro años se han ofertado un total de 544.151 plazas, de las cuales están sin cubrir casi un tercio (el 32,7%).

Además, de los 8.132 municipios, CSIF considera "inaudito" que casi el 40% (3.100 consistorios) no han facilitado a Función Pública sus cifras sobre temporalidad, que en la Administración local se sitúa por encima del 43%.

De acuerdo con los datos facilitados por Lama a partir del Boletín Estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas de junio de 2024, la tasa de temporalidad en el sector público es del 35,5%. Así, de los más de tres millones de empleados públicos que se contabilizaban en España a mediados del año pasado, 1,07 millones eran temporales.

En el ámbito de la universidad, la tasa de temporalidad se acerca al 50%; en la Sanidad está por encima de ese porcentaje, y en Justicia supera el 31%. En la Administración General del Estado, la temporalidad sobrepasa el 9% y en las comunidades autónomas, está por encima del 38%.

"Pese a las plazas creadas, las administraciones no han dejado de crear nuevas plazas temporales por sus necesidades de personal, dado que pese a las promesas del Gobierno sigue vigente la tasa de reposición (el límite que se establece en los Presupuestos a la reposición de efectivos jubilados), lo que se une a la ausencia de Presupuestos Generales del Estado", expone CSIF.

Para el sindicato, la rebaja de la temporalidad en el sector público pasa por establecer sanciones "ejemplares" a los gestores que incumplan la ley, con asunción de su responsabilidad civil, y por la eliminación inmediata de la tasa de reposición de efectivos para que las administraciones puedan sacar ofertas de empleo público con las que cubrir sus necesidades y evitar así que acudan a la contratación temporal.