Facua pide al Gobierno que rechace la OPA de BBVA a Sabadell por el impacto en los consumidores

La agrupación de consumidores Facua ha pedido al Gobierno que rechace la oferta pública de adquisición (OPA) anunciada por BBVA sobre Banco Sabadell por el impacto negativo que esta concentración tendría en los consumidores.

Facua se lo ha trasladado así al Ejecutivo en la consulta pública que ha lanzado el Ministerio de Economía y que tiene como plazo para participar hasta el 16 de mayo.

La organización ha afirmado que la compra del Sabadell por el BBVA "podría hacer desaparecer numerosas oficinas, con la consecuente pérdida de miles de empleos y el deterioro de la ya mermada atención al consumidor, que durante los últimos años ha sufrido el cierre de muchas entidades, sobre todo en zonas rurales".

Según Facua, la concentración también implicará una limitación en el acceso a servicios bancarios al haber menos oferta, encarecimiento de los mismos y la posibilidad de imponer condiciones por tener más poder de mercado.

"Facua recuerda que las experiencias pasadas con operaciones de concentración bancaria han revelado un empeoramiento en la calidad y accesibilidad y la reducción de los servicios. De igual forma, el más que seguro cierre de oficinas y cajeros que llevan aparejadas este tipo de operaciones termina repercutiendo no sólo en los consumidores, sino también en el gasto público, ya que finalmente son las administraciones quienes deben terminar dando ayudas para evitar la exclusión financiera", asegura la agrupación.

En su momento, la CNMC registró 79 solicitudes de personación por parte de asociaciones empresariales, sindicatos o cámaras de comercio. El regulador las rechazó todas con la excepción de la de Banco Sabadell. La presidenta del regulador de la Competencia aseguró esta misma semana que rechazó estas personaciones debido a la confidencialidad del expediente, pero que si escuchó a todas las partes que quisieron remitir comentarios.

El Ministerio tendrá entre el 16 de mayo, que es cuando expira el plazo del formulario, hasta el 27 de mayo para decidir si eleva o no el caso al Consejo de Ministros con las argumentaciones recopiladas. Tras esto, el Gobierno tiene un mes para decidir si aprueba la operación en los términos de la CNMC o impone nuevos 'remedies'. Según la legislación, formalmente no puede bloquearla.