Bruselas quiere relajar aún más las exigencias ambientales para acceder a financiación de la PAC

La Comisión Europea ha propuesto este miércoles relajar aún más los requisitos ambientales que deben cumplir los agricultores para acceder a la financiación de la Política Agraria Común (PAC), una flexibilidad que Bruselas defiende que puede ayudarles a aliviar la carga burocrática.

Este nuevo paquete de simplificación administrativa --que Bruselas ha bautizado como 'Ómnibus'-- busca reducir duplicidades con las normas nacionales vigentes y supondrá que, por ejemplo, se considere automáticamente que las explotaciones ecológicas certificadas cumplen algunos de los requisitos medioambientales de la UE para recibir financiación.

La revisión también plantea que se concedan incentivos a los agricultores que cumplan algunos de los requisitos que el Ejecutivo comunitario considera "más exigentes", como la protección de humedales y turberas, para "garantizar una compensación justa por sus esfuerzos".

Además, se aumentará de 1.250 a 2.500 euros el límite de pago único para los pequeños agricultores, que también quedarán exentos de ciertas normas medioambientales y podrán beneficiarse de pagos que recompensen la agricultura respetuosa con el medio ambiente.

Por otro lado, Bruselas quiere reducir el número de controles sobre el terreno a uno al año por explotación y sustituir esas visitas 'in situ' por el monitoreo vía satélite, una medida que responde directamente a las peticiones de los Estados miembro.

La Comisión defiende que "la propuesta no modifica la arquitectura ecológica" y que "simplificar no significa rebajar automáticamente las ambiciones ni abolir objetivos medioambientales" pese a que plantea una sustancial reducción de informes y controles.

Esta nueva muestra de solidaridad con el sector se suma a la relajación de los requisitos medioambientales asociados a las ayudas de la PAC que ya anunció Bruselas en 2024 con el ánimo de apaciguar las movilizaciones del campo en la antesala de las elecciones europeas.

El Ejecutivo comunitario calcula que estas modificaciones, que aún deben ser aprobadas por el Parlamento Europeo y el Consejo, podrían ahorrar a los agricultores hasta 1.580 millones de euros anuales y 210 millones a las administraciones nacionales.

Los cambios que plantea Bruselas afectan al conjunto de normas beneficiosas para el medio ambiente y el clima --conocidas como 'BCAM'-- que deben cumplir los agricultores para acceder a financiación de la PAC y no ver reducidas sus ayudas, unas condiciones que se aplican a cerca del 90% de la superficie agrícola utilizada en la UE y que desempeñan un papel clave en la integración de prácticas agrícolas sostenibles.

La Comisión ya relajó algunas de estas obligaciones al considerar que su implementación había resultado "difícil" en determinadas circunstancias e incluso eximió por completo de controles a las pequeñas explotaciones agrarias de menos de 10 hectáreas.