PP canario dice que el TS se ha "hartado de esperar" por el Gobierno con el incumplimiento sobre solicitantes de asilo

El Partido Popular de Canarias ha denunciado este miércoles que el Tribunal Supremo también se ha "hartado de esperar" por el Gobierno central después de 50 días de "incumplimiento" del auto judicial que obligaba al Estado a atender a 1.008 menores con derecho a asilo que están en Canarias.

El presidente del Grupo Parlamentario Popular, Juan Manuel García Casañas, lamenta en una nota que el Tribunal Supremo "se haya visto obligado a convocar una vista pública para el próximo 29 de mayo para que el Estado dé alguna explicación sobre el incumplimiento de una medida cautelar del pasado 25 de marzo".

"El Gobierno socialista ha abandonado a Canarias, no cumple los mandatos judiciales y tampoco da explicaciones. Estamos ante una actuación mezquina que pasará a la historia de los agravios a esta tierra. Canarias no olvidará este maltrato institucional por parte del PSOE", advierte Casañas.

En su opinión, "el Estado tenía un plazo improrrogable de 10 días para garantizar el acceso y permanencia en el Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional de los más de 1.000 menores no acompañados que han solicitado asilo, o manifestado su voluntad de solicitarlo, y que aún están a cargo de los servicios de protección de menores de Canarias".

Casañas indica que "no han pasado 10 días, sino 50, que se cumplen este 15 de mayo, y todo un Estado le sigue diciendo a Canarias que no tiene capacidad para atender ni a un menor".

Mientras, prosigue, "señalan a otras comunidades autónomas y piden solidaridad a otros territorios, desprecian a Canarias y abandonan a estas islas, se nos acaban los calificativos para esta afrenta. Es una vergüenza histórica".

RELACIÓN DETALLADA DE MENORES
El diputado popular expone que el Tribunal Supremo "llama a capítulo" al Estado y recuerda que, pese a expirar el plazo, no se ha dado cumplimiento al requerimiento acordado en el auto de 25 de marzo, por lo que reclama "explicaciones por un trabajo y unas obligaciones que el Estado sigue sin asumir".

En esa vista, el Gobierno central tendrá que dar una relación detallada de los menores que han sido ya evaluados individualmente en el ámbito del Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional y de los que estén pendientes de evaluación, así como la relación detallada de los que estén pendientes de asignación del recurso de acogida.

"Una tarea sencilla que, después de 50 días, el Gobierno de Sánchez y Torres ni siquiera ha empezado", lamenta Casañas.

Como el Estado se escuda en que tiene sus plazas adjudicadas al 99% y no cuenta con plazas específicas para menores no acompañados, el Tribunal Supremo le pide que detalle qué iniciativas concretas se han adoptado para contar con plazas suficientes.

Casañas advierte de que se teme que "estas gestiones se reducen también a cero".

Por eso, indica, "el tribunal solicita que se precise qué unidades administrativas son las responsables de la realización de estas actuaciones, suponemos que para determinar posibles responsabilidades".

En la vista pública, el Estado deberá aclarar si tiene acuerdos o protocolos concertados con la Comunidad Autónoma de Canarias para cumplir con esta obligación y si existe un calendario detallado establecido para su ejecución.

"De momento, el único que tenemos es el de estos 50 días del PSOE tomando el pelo y abandonando a Canarias y a estos 1.008 menores que son responsabilidad del Estado", concluye Casañas.