Credifimo abona 10,1 millones de euros al fondo TDA 28 tras las sentencias por 'cláusulas suelo'

Credifimo ha abonado un total de 10,1 millones de euros al fondo TDA 28 tras unas sentencias relacionadas con las 'cláusulas suelo', según ha informado el fondo a través de una notificación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, Credifimo abonó este pasado 15 de mayo un total de 4,0 millones de euros, que se unen a los 6,0 millones de euros que pagó a principios de octubre de 2024 en ejecución provisional de una sentencia del juzgado de primera instancia número 86 de Madrid.

El nuevo pago se ha realizado después de que la Audiencia Provincial de Madrid ratificara la decisión del juzgado de primera instancia y que, por tanto, obligaba a la entidad a indemnizar al fondo TDA 28 por el incumplimiento de éste en relación a la eliminación de las cláusulas suelos de los préstamos titulizados en el fondo.

En total, estos 10,1 millones corresponden a 8,6 millones en concepto de indemnización de daños y perjuicios y por los intereses dejados de percibir a consecuencia de la eliminación de las cláusulas suelo por causa imputable a Credifimo calculados a 31 de marzo de 2025; los 1,4 millones restantes son intereses legales generados por el importe anterior.

Por tanto, el fondo señala que en su próxima fecha de pago, del 28 de julio de 2025, se considerará la cuantía de 10,1 millones de euros como un recurso disponible a aplicar en dicho pago.

TDA 28 es un fondo de titulización de activos constituido en julio de 2007 con préstamos hipotecarios de Credifimo y Caixaterrasa. Actualmente, está en proceso de liquidación.

Según los informes anuales de TDA, la gestora del fondo, debido al problema que se derivó de la eliminación de las 'cláusulas suelo', trató "por todos los medios" de llegar a acuerdos extrajudiciales con las entidades cedentes de los préstamos para solucionar el impacto de esta circunstancia sobre el fondo.

Sin embargo, en algunos casos no fue posible llegar a acuerdos, llegando por tanto a judicializarse la reclamación para poder recuperar el capital que no se percibió por la supresión de las 'cláusulas suelo' y defender así los intereses de los bonistas.