IEE plantea recurrir ante el Constitucional la prórroga presupuestaria para evitar "anomalías democráticas"

Avisa de que la prórroga continuada en el tiempo es una anomalía democrática incompatible con la separación de poderes

El Instituto de Estudios Económicos (IEE) ha planteado la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional, a través de un posible recurso a la normativa de prórroga presupuestaria en España, con el objetivo fundamental de crear un cuerpo jurídico que regule este tipo de situaciones en el futuro.

El presidente del Instituto de Estudios Económicos, Íñigo Fernández de Mesa, y su director general, Gregorio Izquierdo, han presentado el informe de opinión 'La prórroga para 2025 de los Presupuestos Generales del Estado'.

En el informe se plantea esta posibilidad de que los grupos políticos acudan al Constitucional ante una prórroga presupuestaria. Según el IEE, el tribunal podría establecer criterios más estrictos sobre cuándo y cómo pueden prorrogarse los presupuestos, y podría llegar a determinar que, en casos de repetidas prórrogas sin justificación clara, se debe considerar la convocatoria de elecciones generales.

Aunque un fallo del Tribunal Constitucional tardaría en llegar, podría vincular a futuros Gobiernos, creando una jurisprudencia constitucional que permitiese interpretar el contenido y el alcance de las prórrogas presupuestarias en España, ya que la normativa básica al respecto es "muy sucinta y sujeta a interpretaciones interesadas" en función de la posición relativa del Gobierno y de la oposición en cada momento.

Según el IEE, podría, por ejemplo, obligar a cualquier Gobierno a buscar activamente soluciones antes de recurrir a la prórroga de presupuestos, sabiendo que existe un riesgo real de que el tribunal imponga restricciones adicionales o incluso forzar la convocatoria de elecciones anticipadas si no se logra un consenso presupuestario.

"UNA ANOMALÍA DEMOCRÁTICA INCOMPATIBLE CON LA SEPARACIÓN DE PODERES"
Según el IEE, la ausencia de un nuevo presupuesto implica costes adicionales, retrasos en la ejecución de nuevas políticas públicas y una "inevitable distorsión e ineficiencia en la asignación de recursos".

"Esta situación obliga a una gestión fiscal reactiva y a la activación de procedimientos excepcionales, en lugar de una planificación integral, coordinada y estratégica de este instrumento de la política económica", han criticado desde el Instituto.

Para el IEE, esta distorsión institucional, más allá de consideraciones técnicas y jurídicas, implica en la práctica, incumplir el principio de separación y control de los distintos poderes, al prescindir del poder parlamentario que representa a la ciudadanía y que se manifiesta en las Cortes Generales que tienen, entre sus funciones esenciales, la potestad para aprobar los Presupuestos.

El IEE ha recordado que se han prorrogado los PGE de 2023, por lo que, en la práctica, los presupuestos prorrogados se legitimaron en la legislatura anterior, en un contexto político diferente del actual en cuanto, tanto a la composición de las cámaras, como a la conformación de mayoría.

"La prórroga presupuestaria, cuando se transforma en una práctica continuada en el tiempo, es una anomalía democrática incompatible con la separación de poderes", ha subrayado Íñigo Fernández de Mesa en rueda de prensa.

De acuerdo al IEE, la no aprobación de los presupuestos impide en la práctica que los mismos se adapten a la situación cíclica de la economía en cada momento e incorporen las reformas estructurales de medio y largo plazo que se necesitan a la vista de las debilidades y retos que surgen en cada momento, que por definición, son diferentes a los que había en 2023 cuando se aprobaron los actuales presupuestos.

EL DÉFICIT SE CONTENDRÍA PERO CON INCREMENTO DEL GASTO PÚBLICO
Desde el punto de vista de idoneidad de estos presupuestos, la prórroga, en principio, podría ser compatible en el objetivo de reducción del déficit público, que podría terminar en 2025 en el 2,8% del PIB.

El déficit público se contendría gracias al efecto positivo del ciclo económico y de la inflación sobre los ingresos públicos; aunque no se contribuiría a su corrección estructural, dada la ausencia de medidas de conjunto permanente y de reformas estructurales sobre el gasto público.

Sobre el gasto público, existe cierta incertidumbre sobre cuál será su evolución final, que, en cualquier caso, sí presentará un notable crecimiento frente al del año 2023, año sobre el que se sustenta esta prórroga presupuestaria, según las estimaciones del IEE.

En 2025, el componente que más aportaría al aumento del gasto corriente es el aumento en las prestaciones sociales en efectivo, muy condicionados por la evolución alcista de la partida de pensiones, seguido de un aumento significativo del consumo público, que se situaría en torno a los 13.000 millones de euros, empujado fundamentalmente por el impulso de la remuneración de los asalariados y de los consumos intermedios.

Otra de las rúbricas sobre las que se está produciendo un mayor dinamismo en el gasto es la correspondiente al servicio de la deuda pública. Se estima que el gasto en intereses aumente en 2.700 millones de euros, componente que es previsible pueda mantener una tendencia creciente en los próximos ejercicios.

Asimismo, España ha asumido el compromiso de aumentar su gasto en defensa hasta el 2% del PIB, en línea con los acuerdos de la OTAN. Para alcanzar este objetivo, el Gobierno prevé un incremento de 10.500 millones de euros en 2025, que se financiaría sin subir impuestos ni aumentar la deuda pública.

En su lugar, se utilizarían créditos no ejecutados y fondos comprometidos, pero no utilizados del ejercicio anterior. Sin embargo, el IEE ha advertido de que este esfuerzo se produce en un contexto de escaso margen fiscal y creciente presión presupuestaria, lo que plantea dudas sobre su impacto sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas a medio y largo plazo.

CONSECUENCIAS PARA LA INVERSIÓN
Las conclusiones del informe del IEE apuntan a que la prórroga presupuestaria tiene consecuencias importantes, en particular, en el ámbito de la inversión pública afectando directamente a la planificación y ejecución de proyectos de inversión, en particular, en infraestructuras.

Si bien, la inversión pública se considera una palanca fundamental para impulsar el crecimiento económico, a medio y largo plazo, y esta ha ganado tracción durante el periodo 2009 - 2024 gracias a la financiación procedente de los fondos Next Generation UE, su nivel en España sigue siendo reducido en comparación con la media de la UEM.

De acuerdo con las estimaciones del Instituto, España debería aumentar su inversión pública en un orden de 1 punto de PIB anual o lo que es lo mismo en torno a 15.000 millones al año por encima del nivel actual, esfuerzo que tendría que compartirse entre la administración central y las administraciones territoriales.