Función Pública y sindicatos pactan el permiso retribuido para el cuidado de menores con enfermedad grave

El acuerdo con las organizaciones sindicales se traducirá en un próximo Real Decreto

El Ministerio de Función Pública y las organizaciones sindicales, integrantes de la Mesa General de la Administración General del Estado (AGE), han rubricado este miércoles el desarrollo del permiso retribuido para el cuidado de menores, afectado por cáncer u otra enfermedad grave, que requieran la necesidad de cuidado directo, continuo y permanente.

Esta autorización es la prevista en el artículo 49.e) del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Su desarrollo, según el acuerdo con las organizaciones sindicales, se traducirá en un próximo Real Decreto.

El permiso se concederá por un periodo inicial de tres meses, prorrogable por periodos de dos meses y su ámbito de aplicación es el personal funcionario de la Administración del Estado. La titularidad corresponde al funcionario que ostente la condición de progenitor, guardador con fines de adopción o acogedor de carácter permanente.

La reducción de jornada para el cuidador consistirá, en principio, en la minoración del 50% de la jornada de trabajo. La reducción podrá ser superior, atendiendo a las necesidades de cuidados que sean precisas. Cuando la reducción no alcance a dar respuesta a las necesidades de cuidado, se podrá acumular en jornadas completas.

Además, durante la reunión de la mesa se han llegado a otros tres acuerdos, como el de la orden ministerial por la que se establecen criterios generales para la adaptación de medios y tiempos y la realización de otros ajustes razonables en los procesos selectivos para el acceso al empleo público de personas con discapacidad.

Los otros dos pactos son el del IV Plan de Igualdad de Género en la Administración General del Estado y el de ordenación de la negociación colectiva y asignación de recursos sindicales para la negociación en la Administración General del Estado.

ESTUDIO DE LOS SALARIOS PARA ELIMINAR LA BRECHA SALARIAL DE GÉNERO
Sobre el Plan de Igualdad, el sindicato CSIF, uno de los presentes integrantes de la Mesa General de la AGE, ha indicado que el plan pretende eliminar las desigualdades que puedan persistir en el ámbito de la Administración, impulsando la presencia equilibrada de la mujeres y hombres en todas las escalas y categorías garantizando en la igualdad efectiva de trato y de oportunidades, así como en los distintos puestos de trabajo.

Así, por primera vez en la AGE se realizará un estudio completo de la brecha salarial. Además, esta medida se acompaña de un plan de actuación vinculante para corregir cualquier diferencia que no responda a criterios objetivos de puesto o desempeño, e incluye la obligación de publicar boletines anuales con medias, medianas y evolución de la brecha.

Según el sindicato, este mismo eje también aborda la representación equilibrada en la alta dirección, con una monitorización anual de los puestos de niveles 28 y 30, así como de otros cargos directivos, para garantizar la presencia de mujeres en los espacios de toma de decisiones.

Entre los 20 objetivos y 45 medidas que recoge el acuerdo, destaca en el ámbito de la lucha contra el acoso sexual y por razón de sexo el refuerzo de los protocolos mediante la formación obligatoria del personal y la mejora de la asesoría confidencial, que contará con cobertura geográfica completa y formación certificada para quienes la integran.

Además, el Plan contribuye también a la mejora de derechos para el personal en el exterior y garantiza así priorizar en los concursos al cónyuge o pareja de hecho del personal destinado fuera del país, evitando rupturas familiares. Asimismo, se avanza en la reforma de las excedencias por agrupación familiar.

Desde CSIF, recuerdan que en la administración pública el salario medio de las mujeres es de 32.137 euros, frente a los 35.908 euros que cobran los hombres de media, es decir, un 10,5% inferior.

Por lo que respecta a la conciliación, se amplía la jornada intensiva de verano (del 1 de junio al 30 de septiembre) para quienes tengan personas mayores dependientes a su cargo.

Por otro lado, Función Pública ha informado a los miembros de la mesa del acuerdo alcanzado a nivel europeo en el Comité Intersectorial de Diálogo Social del pasado 6 de mayo, relativo a las directrices multisectoriales para solucionar la violencia y el acoso de terceros relacionados con el trabajo.