UPTA rechaza las enmiendas sobre la pasarela al RETA por no garantizar "jubilaciones dignas" a los mutualistas

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) rechaza las enmiendas que algunos partidos políticos han presentado sobre la pasarela al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) al considerar que "no responden a los intereses de los mutualistas afectados" ni les garantizan "jubilaciones dignas".

La organización ha defendido la necesidad de establecer mecanismos de equivalencia entre las aportaciones realizadas por los mutualistas y las efectuadas por los autónomos integrados en la Seguridad Social, con el objetivo de evitar, a su juicio, "agravios comparativos".

En este sentido, UPTA acompaña su propuesta con una tabla en la que recoge la evolución histórica de las cuotas mínimas del RETA durante las últimas décadas para comparar dichas aportaciones con las realizadas a las mutualidades alternativas.

Según la organización, esta comparativa evidencia que numerosos mutualistas efectuaron contribuciones inferiores a las de los autónomos adscritos al sistema público, por lo que considera necesario aplicar coeficientes correctores antes de reconocer años cotizados en una eventual pasarela al RETA.

UPTA ha insistido en que cualquier reforma debe garantizar "pensiones suficientes" para los profesionales afectados, aunque ha advertido de que la integración no puede realizarse "sin criterios de proporcionalidad contributiva".

Asimismo, recuerda que, con independencia de lo que se apruebe esta semana en el Congreso de los Diputados, la reglamentación correspondiente tendrá que incorporar los ajustes y modificaciones necesarias para garantizar una integración efectiva y viable dentro del sistema público.

SE ANALIZA EN EL CONGRESO
La proposición de ley que desarrolla una pasarela con la que los colegiados mutualistas puedan transferir sus derechos económicos acumulados al RETA pasará este martes por la Comisión de Trabajo del Congreso.

La reunión se iba a celebrar en principio el pasado 20 de mayo, con la intención de continuar la tramitación de la propuesta legislativa del PSOE que se admitió a trámite en mayo de 2025. De hecho, la comisión llegó a convocarse y ya estaba preparado tanto el informe de la ponencia --que es el trámite anterior a la comisión-- como el orden de votación de las enmiendas de los grupos parlamentarios.

Sin embargo, el inicio de la reunión se demoraba y fuentes parlamentarias comentaron a Europa Press que la mesa de la comisión, presidida por la dirigente de En Comú Aina Vidal, todavía tenía pendiente recibir algunos vetos que el Gobierno había presentado a diferentes enmiendas de los grupos parlamentarios, algunas ya transaccionadas o pactadas entre los grupos.

Y es que el Ejecutivo puede tumbar la tramitación de iniciativas legislativas, como son enmiendas al articulado, si estas suponen un incremento del gasto público o una disminución de los ingresos, según reza el artículo 134.6 de la Constitución.

Pero eso sí, los vetos tienen que ser admitidos en este caso por la mesa de la comisión de Trabajo, algo para lo que el Ejecutivo no tiene problema porque hay mayoría de PSOE y Sumar.

Finalmente, y tras unas dos horas de espera, la presidenta de la comisión, Aina Vidal, de Sumar, decidió aplazar la comisión al 26 de mayo, cuando ya se habrán admitido los vetos del Gobierno y los grupos habrán presentado las enmiendas que consideren oportunas.

QUEJAS DE PP Y VOX
El aplazamiento de la comisión provocó el enfado la oposición y el portavoz de Justicia de Vox, Juan José Aizcorbe, denunció que el pasado 20 de mayo todas las enmiendas de los grupos fueron remitidas al Ejecutivo para posiblemente vetarlas por modificaciones parlamentarias. "Están paralizando de forma cruel el trabajo que estamos haciendo los grupos parlamentarios", protestó.

Por su parte, el PP emitió un comunicado denunciando "la pinza" que habían hecho PSOE y Sumar para impedir avanzar la ley y suspender "sin justificación" la comisión, pues las enmiendas de los grupos eran públicas desde octubre de 2025 y el Ejecutivo no había presentado ningún veto.

En concreto, el partido esgrimía que la decisión de suspender esa reunión era una actuación "arbitraria y autoritaria", puesto que las enmiendas transaccionales que los grupos habían presentado se basaban en enmiendas registradas y publicadas en octubre de 2025, cuando el Gobierno "no remitió informe económico de disconformidad".

Así las cosas, la Comisión de Trabajo se volverá a reunir este martes, 26 de mayo, con la idea de avanzar en la tramitación del texto y poder remitirlo al Pleno del Congreso este mismo jueves, 28 de mayo. Si supera estos trámites, la ley seguiría después los mismos pasos --ponencia, comisión y pleno-- en el Senado.