Asociaciones europeas de consumidores alertan de un recorte "masivo" de los derechos de los pasajeros aéreos

Un total de 34 asociaciones europeas, lideradas por la Organización Europea de Consumidores (BEUC), y con presencia de CECU y Asufin, han hecho un llamamiento para trasladar la creciente preocupación ante las últimas propuestas de la Comisión Europea sobre la reforma del Reglamento 261 sobre derechos de los pasajeros aéreos, y reclamar mantener y reforzar la protección de las personas viajeras.

En la carta conjunta, enviada a ministerios de los Estados miembros y a europarlamentarios de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor y de la Comisión de Transportes y Turismo del Parlamento Europeo, han alertado de la pérdida de compensación para más del 60% de los pasajeros que hoy sí la recibe, debido al aumento de umbral propuesto para obtener este derecho, que pasaría de las tres horas a las cuatro o incluso seis.

Para las organizaciones, el sistema actual ha demostrado ser "eficaz", ya que ha contribuido a reducir los grandes retrasos --más de tres horas-- hasta en un 70% y los retrasos prolongados en vuelos de corta distancia hasta en un 66%.

Otra queja es la relacionada con el recorte de indemnizaciones ante un retraso, cuya compensación mínima bajaría de 250 euros a 83 euros, un 67% menos, en tanto que también han denunciado que las cancelaciones de vuelos podría ser con solo 48 horas de aviso, frente a los 14 días actuales.

Frente a este escenario, afectado por otras propuestas en la reforma, como la ampliación de "circunstancias extraordinarias", seguir pagando por "servicios básicos" o dificultades para reclamar, las asociaciones europeas han pedido mantener los umbrales y cuantías actuales de compensación, además de alinear las "circunstancias extraordinarias" con la jurisprudencia europea, garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos, ampliar la protección a todos los vuelos hacia la UE y prohibir las "tarifas abusivas" y "prácticas desleales".

En palabras del director de CECU, David Sánchez, ha criticado que la reforma es un cambio de reglas que "desequilibra claramente el sistema en contra de las personas consumidoras y que no podemos aceptar".

Para la presidenta de Asufin, Patricia Suárez, "aceptar este retroceso normativo sentaría un precedente peligrosísimo en el derecho de los consumidores, consolidando un desequilibrio contractual entre aerolínea y personas consumidoras".