lunes, 23 de junio de 2025 17:55

Economía

El 90% de los directivos españoles sitúa el riesgo regulatorio como la principal amenaza para 2025, según WTW

El 90% de los directivos españoles sitúa el riesgo regulatorio como la principal amenaza para 2025, según se desprende del informe 'Directors & Officers Liability Insurance Survey 2025', elaborado por WTW en colaboración con el despacho internacional Clyde&Co, que analiza las principales amenazas a las que se enfrentan los altos cargos de empresas a nivel global.
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El 90% de los directivos españoles sitúa el riesgo regulatorio como la principal amenaza para 2025, según se desprende del informe 'Directors & Officers Liability Insurance Survey 2025', elaborado por WTW en colaboración con el despacho internacional Clyde&Co, que analiza las principales amenazas a las que se enfrentan los altos cargos de empresas a nivel global.

Así, dicho estudio señala que en un "contexto empresarial marcado por la creciente presión normativa, España se posiciona como uno de los países más sensibles al riesgo regulatorio", ya que un 90% de los directivos españoles considera el incumplimiento regulatorio como un riesgo "muy importante" o "extremadamente importante", cifra que supera el promedio internacional (74%).

En este sentido, la firma explica que este dato refleja un entorno de "creciente complejidad legal", donde las inspecciones, sanciones y nuevas normativas impactan directamente en la gestión corporativa.

"TRANSFORMACIÓN PROFUNDA" EN EL TEJIDO EMPRESARIAL
Al hilo, WTW destaca que la intensificación de la actividad reguladora en España -tanto desde organismos nacionales como europeos- está generando una "transformación profunda" en el tejido empresarial.

En concreto, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) o la Inspección de Trabajo han reforzado su capacidad sancionadora, mientras que directivas como las relativas a sostenibilidad, gobierno corporativo o protección de datos exigen una "adaptación continua" por parte de las compañías.

"Sectores como el financiero, energético, tecnológico o farmacéutico son especialmente vulnerables a este nuevo entorno, donde el riesgo no solo es económico, sino reputacional y ético", detalla WWT, que asimismo añade que además del riesgo regulatorio, los directivos españoles identifican la pérdida de datos (84%) y los ciberataques (82%) como "amenazas prioritarias".

CRECIENTE CONCIENCIA SOBRE LA SEGURIDAD DIGITAL
En esta línea, el documento subraya que esta percepción, superior al promedio global, pone de manifiesto una creciente conciencia sobre la seguridad digital, motivada por la sofisticación de ataques, el aumento de la exposición mediática y la presión de inversores y clientes. El informe también destaca el peso de los riesgos éticos y sociales en la agenda española, ya que el 78% de los encuestados manifiesta preocupación por el soborno y la corrupción, frente al 62% global.

Asimismo, la diversidad, equidad e inclusión (DEI) entra en el 'Top 7' nacional (77%), aunque no figura entre los riesgos globales más relevantes. En comparación con los resultados globales, WWT resalta que mientras que a nivel global los principales riesgos son la salud y seguridad (80%) y los ciberataques (77%), en España el foco está claramente en la regulación, seguida de la salud laboral y la protección de datos.

"Llama la atención la menor preocupación en el entorno español por la litigación civil, posiblemente por la escasa tradición de demandas colectivas, aunque este panorama podría cambiar con la nueva directiva europea sobre acciones de representación", apunta el análisis, que a su vez llama la atención sobre la evolución del perfil de riesgo en la alta dirección.

"Los consejos deben adoptar una visión más holística del riesgo, invirtiendo en cumplimiento, ética y resiliencia tecnológica", comenta la firma, para terminar concluyendo que "solo así podrán liderar con solidez en un entorno marcado por el escrutinio público y la complejidad regulatoria".

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