Seopan urge a las administraciones españolas a adaptar las licitaciones públicas a los requisitos europeos

La Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan) ha instado a las administraciones públicas españolas a adaptar los pliegos de contratación pública a los nuevos requisitos técnicos taxonómicos considerados por la Unión Europea.

Se trata de una de las conclusiones presentadas este martes por la patronal durante la jornada 'Infraestructuras Resilientes: Taxonomía Europea', organizada junto con Aenor con el fin de facilitar a las empresas públicas y privadas la comprensión de la metodología a seguir en el proceso de identificación y reporte de actividades económicas como actividades sostenibles, con arreglo al marco normativo sobre Taxonomía Verde establecido por la Unión Europea.

En este sentido, por ejemplo, dentro de las actividades de 'Construcción, ampliación y explotación de captación, depuración y distribución de agua' para la mitigación del cambio climático, los proyectos deben establecer un consumo medio neto de energía para extracción y depuración inferior a 0,5 kWh por metro cuadrado de agua suministrada y el índice de fugas estructurales (ILI) debe ser menor o igual a 1,5.

Igualmente, para las actividades de 'Desalinización', se señala que los contratos deberían limitar las emisiones de gases de efecto invernadero a un máximo de 1.080 gCO2 por metro cuadrado de agua dulce producida y, en cumplimiento de los criterios de contaminación, para eliminar la salmuera en puntos específicos, realizar mediciones y encuestas locales o llevar a cabo análisis de impacto del vertido.

Para las actividades relacionadas con infraestructuras ferroviarias y de transporte por carretera, más del 70% de los residuos no peligrosos de construcción y demolición deberían prepararse para su reciclaje, reutilización o valorización.

Además, Seopan ha destacado la "resiliencia y beneficios sociales" de las infraestructuras prioritarias que cree que urgen realizar en España, como determinadas infraestructuras planificadas del Ciclo Integral del Agua, de 23.152 millones de euros de inversión inicial, que conllevarían unos beneficios socioeconómicos al cabo de 30 años de 137.334 millones de euros.

También ha mencionado las inversiones planificadas en el PNIEC relacionadas con la mejora de la eficiencia energética de los puertos, edificios del sector residencial, edificación del sector terciario y grandes instalaciones, que permitirían un ahorro total de 14.714 ktep de energía final acumulada para el periodo 2021-2030.

Las infraestructuras de transporte planificadas, incluyendo viarias, ferroviarias, aeroportuarias y portuarias, de 85.084 millones de euros de inversión inicial, tendrían unos beneficios sociales 150.486 millones, calculados a 30 años con una de reducción de CO2 de 2.533 millones de toneladas.

ACCESO A FINANCIACIÓN DEL BEI
Por otra parte, la patronal de las grandes constructoras ha presentado acciones diseñadas desde el sector público para promover infraestructuras resilientes que permitan mitigar y adaptar los efectos del cambio climático, así como contribuir a la economía circular, haciendo un uso sostenible y protegiendo los recursos hídricos y marinos, controlando la contaminación y protegiendo la biodiversidad y los ecosistemas.

Aspectos, todos ellos, a tener en cuenta para el acceso a determinadas líneas de financiación de infraestructuras, según confirman desde el Banco Europeo de Inversiones, BEI.